Ricardo Alemán
Un autócrata, como saben, es un ciudadano —o servidor público— que cree concentrar en su persona, y como parte de sus atributos, el poder infinito.
Autócratas son, por ejemplo, los gobernantes tiranos, déspotas, dictadores; los populistas, caciques, líderes y/o periodistas mesiánicos.
El autócrata por excelencia es Luis XIV, a quien distintos historiadores acreditan el cuño del clásico del despotismo —en 1853—, “El Estado soy yo”.
Y vale el ejercicio memorioso porque hoy, en pleno siglo XXI, aún persisten taras autocráticas y ególatras que —en remedo de Luis XIV— creen que, por ejemplo, “el periodismo soy yo”, si no es que piensan: “la libertad de expresión soy yo”. Está claro, nos referimos a la señora Carmen
Aristegui, quien luego del escándalo de la llamada casa blanca asume que su persona concentra no solo el único periodismo real, independiente y crítico en México, sino que entiende su problema laboral personalísimo —con la empresa MVS— como causa de Estado. Egolatría autocrática.
Por eso —por esa tara propia de Luis XIV—, la conductora supone una persecución judicial contra la prensa y los medios libres e independientes, contra su persona; por eso, asegura que en México no existe libertad de expresión; que en México la prensa y los medios libres son censurados y hasta se avienta la puntada de jurar que en México el Presidente es jefe no solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y del Judicial.
Supone la conductora que el Presidente mexicano es un rey. Lo que no sabe, sin embargo, es que los actos de fe son la negación del periodismo —los actos de fe no son parte de los géneros periodístico—, y no entiende que los periodistas no son impunes a la exigencia de justicia y menos a la aplicación de la ley.
Es decir, la conductora puede creer lo que quiera, decir lo que le plazca, pero si no demuestra su credo y no respalda con pruebas su dicho, entonces incurre en faltas legales sancionables; incurre en mentiras. ¿Lo dudan?
1. La información de la casa blanca no fue un “trabajo periodístico”, sino una vengativa filtración que hoy tiene a Marcelo
Ebrard en el exilio. 2. La conductora no fue despedida por “el trabajo de la casa blanca”, sino por abusar de la marca MVS, la cual utilizó sin aval de la empresa.
3. El “reportaje” de la casa blanca se publicó el 9 de noviembre de 2014, y en diciembre de ese mismo 2014 MVS premió a la conductora al renovar su contrato, de un millón de dólares anuales, de entonces. 4. Igual que todos los medios —incluso La
Jornada y Proceso—, la conductora recibía un porcentaje económico por los patrocinios oficiales que se trasmitían en su informativo.
5. El despido de la conductora se produjo el 15 de marzo de 2015, luego que, de manera abusiva, la conductora metió a MVS en Mexicoleaks, sin consultar a la empresa.
6. El 9 de abril de 2015, MVS interpuso una demanda mercantil por el delito de abuso de confianza contra la conductora.
7. En mayo de 2016 —y por las reiteradas mentiras de la conductora sobre las supuestas razones de su despido y la supuesta “sumisión” de MVS al gobierno federal—, MVS demandó a la conductora por daño moral.
8. En el diferendo legal entre la conductora y MVS no interviene ni puede intervenir, en ningún momento, el titular del Ejecutivo.
9. Ejercer un derecho legal, como exige MVS, y aplicar justicia, como hace el Poder Judicial, no es persecución judicial. Es, en rigor, estado de derecho.
10. En el fondo, la conductora se victimiza con sus propias mentiras y, al final, pretende impunidad ante los presuntos delitos cometidos.
Simpática —igual que todos aquellos a los que critica—, la conductora se cree intocable y busca impunidad.
Al tiempo.