Indefinición

Quien sepa cuál es el punto de equilibrio entre el diálogo y la violencia debería ser premio Nobel de la Paz. Nadie lo sabe. Ni en las guerras internacionales ni en los conflictos internos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que en los incidentes de Tanhuato hubo 22 ejecuciones extrajudiciales. De los otros 20 muertos, la comisión tiene dudas sobre cómo ocurrieron. Qué bueno que la CNDH concluya y al mismo tiempo afirme en otros casos que tiene dudas. El informe citado debería ser, para bien de la sociedad mexicana, un parteaguas.

La premisa de un silogismo de conclusión incierta es que policías federales asesinaron a 22 sujetos. La premisa debería ser que la impericia y el exceso de fuerza con sanción política, administrativa y penal, es lo que legitima el uso de la fuerza del Estado. No es casual, a menos que nos hagamos tontos por no usar otra palabra que ofende a las buenas conciencias, que el informe de la CNDH surja cuando no está resuelto el caso de Nochixtlán, en el que imperó la impericia, la falta de inteligencia, el encubrimiento y el engaño de mandos medios que encubrieron su ineptitud, que no la necesidad de hacer lo que hicieron, si es que lo hicieron y todo lo enredaron.

La violencia es un recurso necesario del Estado. Forma parte de su capital político en él depositado. En Tanhuato había la denuncia de hasta 700 elementos del Cártel Nueva Generación. Eso no es un grupito de narcomenudistas. Es el germen de un ejército de asesinos. En el contexto, además, de un ataque a un helicóptero del Ejército con elementos de la Policía Federal y del Ejército. Nueve muertos. El contexto: la emboscada y el asesinato en Ocotlán de policías federales en días previos. La represalia o, si se quiere elevar la semántica, la venganza. Explicaciones apresuradas y absurdas del responsable de la operación en Tanhuato, responsable que ya no está en el servicio público. Como el viejo dicho de los militares del siglo XIX, más que un crimen, fue un error.

Enfrentar a un grupo de 42 sicarios no es un juego de niños. Es difícil saber cómo actuar, desde el papel de la autoridad, frente a ese escenario. ¿Llega uno mostrándoles el papel de la orden de aprehensión? No seamos estúpidos. ¿Si estaban dormidos tienen más derechos humanos que si hubieran estado despiertos? Estamos hablando de un miniejército de asesinos y de torpeza procesal de la autoridad frente a un fenómeno que la ley no reconoce —y en eso Calderón tenía razón—: es una guerra interna, llena de vacíos legales.

El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, debería irse porque el gobierno de la República no tiene por qué pagar los costos políticos de sus errores. No me refiero a Tanhuato, sino a Nochixtlán. Pero esa sanción política debería legitimar el uso racional de la violencia por parte del Estado cuando la situación lo amerite y en la proporcionalidad del caso. Tanto en Tanhuato como en Nochixtlán tenían la ley de su parte en la mano, pero no supieron cómo usarla. Para aplicar la ley se requiere la herramienta de la coacción e inteligencia. No hubo ni una ni otra.

PD.

¿Alguna organización de derechos humanos ha abierto investigación sobre cómo murieron los terroristas de ISIS en los atentados en Francia? Están muertos. Punto final. Eso son los muertos de Tanhuato. m