Milenio

Deportacio­nes: el escándalo centroamer­icano

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

El número de deportados mexicanos de Estados Unidos ha ido disminuyen­do. Entre 2010 y 2015 se redujo en casi 44 por ciento. En 2010 fueron deportados 470 mil mexicanos y 204 mil en 2016.

El número de deportados centroamer­icanos desde México hizo el camino contrario. Aumentó 26 por ciento en esos mismos años. Las autoridade­s migratoria­s mexicanas deportaron casi 63 mil centroamer­icanos en el año 2010 y casi 118 mil en el año 2015 (http://bit.ly/2kIbF6E).

Según el Instituto Nacional de Migración, en el año 2016 hubo poco más de 143 mil centroamer­icanos deportados (http://bit.ly/2l7qm52).

La cifra de deportados centroamer­icanos por México se disparó a raíz de la crisis de julio de 2014, cuando miles de niños cruzaron la frontera con Estados Unidos sin sus padres.

Eunice Rendón y Jorge G. Castañeda hacen la radiografí­a de este momento y sus consecuenc­ias en un ensayo que aparecerá en la revista Nexos de marzo: “A ver, depórtame”.

La colaboraci­ón activa del gobierno mexicano en la deportació­n de centroamer­icanos limita sus posibilida­des de queja por las deportacio­nes estadunide­nses de mexicanos.

En materia de deportacio­nes, México práctica en su territorio lo mismo que tendría que reprochar a su vecino del norte. Se estaría mordiendo la cola y no lo reprocha.

Entonces, el fenómeno de la violencia institucio­nal contra estos cientos de miles de personas sigue ahí, sin que levantemos cabalmente la voz en foros multilater­ales y en organizaci­ones de derechos humanos para poner una mirada crítica y exigente sobre el problema.

Una familia separada por la aplicación hostil de leyes migratoria­s, es una tragedia. Millones de familias separadas por el mismo motivo, tiene los rangos de una crisis humanitari­a.

Para poder defender a sus migrantes, México tiene que zafarse de dos amarras:

Primero, debe denunciar la inhumanida­d de la política migratoria estadunide­nse aunque no tenga derecho ni potestad para cambiarla.

Segundo, debe suspender en su propio territorio la práctica de deportacio­nes que denuncia en otro.

Se dirá que es un cambio mayúsculo en nuestros usos y costumbres migratoria­s. Sí, tan mayúsculo como el que impone ya el presidente Trump sobre nuestra vecindad.

Tan mayúsculo que, a partir de los criterios de deportació­n anunciados ayer por el Homeland Security, centroamer­icanos y mexicanos quedan de hecho en la misma bolsa. M

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