En nómina de la UAN, magistrados y políticos
De acuerdo con la auditoría a la cuenta pública 2015 de la Universidad Autónoma de Nayarit, se detectaron irregularidades por $580 millones
Aspirantes a cargos de elección popular, notarios públicos, ex funcionarios del gobierno estatal y magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal forman parte de la nómina de trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde se detectaron desviaciones de recursos por 580 millones de pesos revela la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta pública 2015.
El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, aparece con el número de empleado 48620 y con base tiempo completo titular C, por lo que percibe 17 mil 466 pesos mensuales.
El notario público número 13 en Tepic, José Luis Béjar Fonseca, aparentemente tiene una base de tiempo completo y recibe 11 mil pesos al mes.
Además, se registra con número de trabajador 18590 al dirigente del PRD en el estado y ex rector de la Universidad, Francisco Castellón Fonseca, con base de tiempo completo titular C, cuya nómina es de 2 mil 169 pesos mensuales.
En la lista aparece el presidente de Acción Jurídica del Comité Directivo Estatal del PRI y asesor de diputado en el Congreso estatal, José Trinidad Espinoza Martínez, número de empleado 30040, con base tiempo completo asociado C y con un salario de 7 mil pesos mensuales.
Como personal administrativo y docente aparece el ex alcalde de San Blas, el priista Porfirio López Lugo, cuyo ingreso es de 17 mil 466 pesos.
Julio Tomás Mondragón Peña tiene base de tiempo completo asociado C con un salario de 14 mil pesos mensuales. Él fue diputado local, ex funcionario con Ney González y ahora integrante del equipo de Manuel Cota, aspirante a gobernador.
Además se localiza que José Luis Brahms Gómez, magistrado del Tribunal Superior de Nayarit designado por el Senado de la República para ocupar cargo por cinco años, cuenta con número de plaza 41991 y percibe un salario por 13 mil 327 pesos mensuales. Sin embargo, el artículo 116 de la Constitución Política señala que los magistrados de los tribunales electorales de los estados se encuentran impedidos para recibir cualquier otro salario, ya que se considera que su función es el órgano jurisdiccional electoral de tiempo completo.
Mientras que Milton Arturo Romero González, dado de alta como personal administrativo activo con plaza número 55760, ostenta la máxima categoría como administrativo, horario ampliado quien percibe un salario mensual de 15 mil pesos mensuales. No obstante, que físicamente nunca se ha presentado a laborar, a pesar de estar adscrito a la rectoría.
La nómina revela que Hiram Jossef Espinoza Hernández, quien fuera funcionario de la Secretaría de Salud y aspirante a regidor por el PRI, cobra como auxiliar de apoyo directivo con un salario mensual de 5 mil 500 pesos, además forma parte de la nómina académica de tiempo completo asociado B con una carga horario de 40 horas y un salario de 11 mil 500 pesos mensuales con clave de plaza 50042.
En la revisión de la nómina se detalla además que Marcela Luna López forma parte del personal docente activo ex secretaria de Administración y Finanzas aparece con plaza número 17960 con plaza definitiva de base tiempo completo titular C con carga horario de 40 horas a la semana percibe un salario de 12 mil 169 pesos mensuales, pero no se ha presentado a laborar desde que inició la administración del nuevo rector, Ignacio Peña González, en octubre de 2016.
El Órgano de Fiscalización Superior de la entidad en su revisión a las finanzas en la cuenta pública 2015 de la UAN detectó desvío millonario que originó denuncia penal en contra del ex rector Juan López Salazar, para quien el 20 de febrero un juez libró una orden de aprehensión en su contra.
De la auditoría, que consta de 116 hojas, se desprenden gastos en viáticos, retenciones sin pagos de pensión alimenticia, pagos de compensaciones por trabajos especiales, transferencias electrónicas millonarias a trabajadores, retenciones pendientes de enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Infonavit inconsistencias en comprobación de datos financieros.
Por concepto de pensión alimenticia, se observa que se realizaron pagos sin que se compruebe que los beneficiarios hayan recibido dichos recursos por un importe de 791 mil 675 pesos.
Además, se encuentra que entre las transferencias que involucran a los trabajadores con una suma de 333 millones de pesos, diez pólizas, como la 01-D-887 del 14 septiembre 2015 como anticipo a Proveedores Conservación de Edificios no inscrita en el padrón de proveedores de la casa de estudios y con número de plaza 35120 por una cantidad de 27 millones 500 mil pesos.
Asimismo, en la póliza 01-I132 documenta la transferencia electrónica al trabajador con plaza 18950 con cargo de vigilante a través de Banamex con número de cuenta bancaria con terminación 6252 efectuada en junio 2015 por 10 mdp. M