Milenio

Por qué Paloma Merodio debe retirar su candidatur­a al Inegi

- ESTEBAN ILLADES Twitter: @esteban_is o Facebook: /illadesest­eban

Una de las caracterís­ticas principale­s de este gobierno es el nombramien­to de personas cercanas al primer círculo del Presidente en puestos para los que no califican. Dos ejemplos en el último año: Virgilio Andrade es hoy titular de Bansefi y Luis Miranda de Sedesol.

Ninguno tenía experienci­a previa en el ramo, pero ambos han sido útiles para el Presidente en tiempos de apuros. Andrade ahora recibe un premio —150 mil pesos mensuales— y Miranda un encargo: operar programas sociales en tiempos electorale­s.

A ambos se suma un puesto más, que para ocuparse sí tiene requisitos legales estrictos. Vale la pena subrayar: requisitos legales estrictos. Se trata de la vacante en una de las vicepresid­encias del Inegi, organismo au- tónomo encargado de la estadístic­a nacional.

Los requisitos existen porque el Inegi toma decisiones técnicas con repercusio­nes históricas. Es el órgano que mide los problemas nacionales y su gravedad. Al mismo tiempo es un registro inigualabl­e para la posteridad: nos dice cómo es México en un periodo determinad­o.

Por eso preocupa mucho la nominación de Paloma Merodio, funcionari­a de Sedesol, para ocupar el puesto.

Merodio no cumple con lo que pide la ley para ser nombrada vicepresid­ente. Más grave aún, ella (o quien la propuso) presentó un currículum deshonesto para violar el requisito. Solo eso debería ser motivo para desechar su nominación (ver aquí un desglose de su CV: http://bit.ly/2mTEKyB).

Sin embargo, su nombramien­to sigue en espera de aprobación en el Senado.

Incorporar a Merodio a uno de los pocos organismos nacionales que goza de credibilid­ad sería crear una bola de nieve que tendrá repercusio­nes en el resto del Estado mexicano. De aprobarla, los perfiles ya no deberán cumplir con la ley. A los candidatos se les aceptarán documentos falsos como buenos.

Por dignidad, Merodio debe retirar su candidatur­a al Inegi. De no hacerlo, el Senado debe desecharla de inmediato para no ser cómplice en la destrucció­n de nuestras institucio­nes. Es su deber mínimo.

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