TRASCENDIÓ
:Que
unos 80 mil mexicanos en Estados Unidos están bajo proceso para analizar si procede su deportación, pero como esos asuntos en temas migratorios pueden tomarse hasta 600 días, la resolución de las autoridades tardará en conocerse.
En tanto, a propósito del tema, se sabe que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Luis Videgaray, le sacó la lista a Andrés Manuel López Obrador de las acciones que ha hecho ante instancias internacionales para defender a los migrantes, frente al discurso del dirigente de que no se les ha atendido de forma correcta.
:Que
el conflicto interno del PRD en el Senado ya le pegó a asuntos de la Cámara, porque se trabaron los avances en el decreto para regular la negociación con Estados Unidos, pues no hay interlocutor de la bancada perredista.
Este martes habrá sesión de la Junta de Coordinación Política, pero hasta ahora lo que se sabe es que irán tanto Dolores Padierna como Raúl Morón.
:Que
los notables del Comité Técnico encargado de evaluar a los aspirantes al Consejo General del INE cerraron ayer la fase de entrevistas y ahora tienen tres días para entregar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a más tardar el lunes, las tres listas de cinco nombres cada una para seleccionar a quienes a partir del 5 de abril sustituirán a los consejeros salientes Beatriz Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago.
:Que
después de que el precandidato perredista de la corriente Galileos al Estado de México Eduardo Neri cacareara que renunciaría al partido, fue llevado casi a la fuerza a la oficina de Alejandra Barrales.
Sorpresivamente cambió de parecer, pero ni él ni la dirigente han querido informar qué se le prometió. A ver qué pasa con Javier Salinas, que impugnó el proceso, y Max Correa, quien, dicen, amenaza con irse a Morena.
:Que
ahora, aunque no se hizo a ritmo de The Who, comenzó a perfilarse una unidad CSI Mexico City, pues el protocolo de identificación de cadáveres, que presentó ayer el gobierno local que encabeza Miguel Ángel Mancera, con los tribunales superiores de Justicia y la PGR, será un parteaguas en las investigaciones sobre personas desaparecidas.
Las autoridades locales consideran que este proyecto puede ayudar a pagar una deuda histórica con los familiares de víctimas de la violencia.