Las niñas de Guatemala: ¿quién prendió el fuego?
El 8 de marzo un incendio devoró el aula de un albergue, donde varias menores fueron encerradas como castigo por intentar escapar de los abusos; el resultado es desolador: 40 muertos, 13 en estado grave hospitalizadas en Guatemala y EU
Nos duele, nos indigna y exigimos justicia. Porque es una tragedia más allá de las fronteras: es una tragedia humana. Es una injusticia cometida contra los más despojados, vulnerados y explotados del mundo: los niños y en especial, las niñas.
La historia ha circulado por los medios y las redes velozmente durante la semana. El 7 de marzo, más de 50 menores de edad escaparon del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la capital de Guatemala, por los abusos físicos, sexuales y emocionales que dentro de la institución se cometían contra ellos. Fueron encontrados y trasladados de nuevo al albergue por la Policía Nacional Civil. Como castigo, los encerraron bajo llave; las mujeres en una sección del edificio y los hombres en otra.
El Día Internacional de la Mujer, un incendio, presuntamente iniciado por las mismas menores, devoró el aula donde las niñas se encontraban. Una sobreviviente ha relatado que golpearon la puerta y gritaron pidiendo ayuda cuando las llamas crecieron. Pero nadie las rescató. El resultado fue desolador. Hasta ahora el saldo es de 40 niñas muertas, 13 en estado grave hospitalizadas en Guatemala y Estados Unidos.
Se decretaron tres días de luto nacional. Durante el fin de semana hubo manifestaciones civiles para exigir castigo a los culpables, así como para acompañar a los familiares de las víctimas. Guatemala veló a sus niñas entre la rabia y la tristeza. Las madres dijeron adiós a sus hijas con pancartas en las que demandaban verdad y justicia. ¿Quién prendió realmente el fuego? ¿Qué o quiénes empujaron a esas niñas al incendio?
¿Quién es responsable de esta tragedia?
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción es un albergue operado por el Estado. Allí son internados menores de edad que han sufrido situación de calle, abuso sexual, violencia doméstica, adicciones u otras circunstancias que requieren que el gobierno les brinde protección. La mayoría de los menores internados provienen de familias indígenas, empobrecidas y marginalizadas.
Sin embargo, el Hogar Seguro fue señalado en más de una ocasión como un lugar con prácticas irregulares, violentas e incluso delictivas. Las periodistas Mariela Castaños, Clara Gil y Carolina Gamazo, entre otros, habían informado que el albergue estaba en crisis, que lo peor podía suceder en cualquier momento.
Se encontraba operando al doble de su capacidad, con cerca de 800 niños y niñas que vivían hacinados al punto de dormir en el suelo. Asimismo, en 2010, se registraron denuncias de una posible red de trata que operaba desde su interior. En 2013, se presentaron más denuncias por abusos sexuales cometidos contra las menores. En 2016, la Procuraduría de Derechos Humanos levantó un reporte donde describió el colapso de las instalaciones y los indicios de maltrato, alertó que el personal de seguridad era insuficiente y de la presencia de 15 adolescentes varones con cargos penales, además, apuntó que no se descartaba la posibilidad de reclutamiento con fines de trata.
Una vez más las injusticias se acumulan. El Estado que debía proteger a estas niñas las vulneró sistemáticamente. El Hogar Seguro ni era hogar ni era seguro. Su muerte pudo haber sido evitada pero las autoridades no actuaron durante todos esos años en que las denuncias se apilaron, esperando una debida investigación.
¿Quiénes son responsables de los abusos y el fuego que acabaron con la vida de 40 niñas?
Porque nos solidarizamos con las familias de las víctimas y nos unimos a su exigencia de verdad y justicia, la Comisión Unidos contra la Trata convocó a una protesta pacífica en la embajada de Guatemala en México el martes 14 de marzo. Reiteramos la petición: una investigación profunda que esclarezca lo sucedido, pese a que el ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Antonio Rodas Mejía, la ex subsecretaria Anahí Keller y el ex director del Hogar Seguro Santos Torres ya han sido detenidos; exigimos que se investiguen todas las denuncias previas, hasta llegar si así se precisa a los altos mandos del gobierno del presidente Morales que resulten implicados en este hecho.
Nos sumamos al reclamo de la sociedad civil guatemalteca de no criminalización de los familiares de las víctimas y demandamos que se siente un precedente histórico en América Latina, donde el gobierno emprenda acciones concretas para detener la violencia de género y las violaciones a los derechos de los niños y las niñas.
Y si bien esperamos respuesta del gobierno, nos preguntamos, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para evitar otra tragedia de estas dimensiones?
En los países de nuestra región hay dos situaciones comunes, la desconfianza hacia un gobierno rebasado y una honda desigualdad socioeconómica. Ambas hacen urgente que la sociedad civil actúe. Existe un sector de la población que cuenta con los recursos económicos y la obligación ética de solidarizarse con aquellos a los que el gobierno no les ha cumplido la promesa de una vida digna.
De ahí que en México los hogares de acogida y refugios que mejor han funcionado son operados por la sociedad civil con constante supervisión de autoridades gubernamentales. Esta colaboración hace posible la reconstrucción de una relación de confianza entre ciudadanos y gobierno. Y también hace visible que la solidaridad no es un acto de
bondad, sino de justicia que restablece un equilibrio social.
En consecuencia, ofrecemos a las familias afectadas por el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el apoyo de la sociedad civil mexicana. Al mismo tiempo, invitamos a todos a tender la mano a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. En el tema de trata, por ejemplo, 28 estados de la República Mexicana aún no cuentan con un refugio especializado y la atención a víctimas varones también está pendiente. Para esta labor se requieren personas comprometidas.
Estos refugios deberán cumplir los estándares internacionales, pues es obligación de los gobiernos velar por que se respeten los derechos de la niñez y la adolescencia. Asimismo, deberán contar con personal capacitado y sensibilizado que no violente, abuse ni revictimice a los menores. Esto significa que hay mucho por hacer.
Que nuestra libertad no sea una excusa para la indiferencia. No caigamos en el cinismo de que nada puede hacerse para mejorar a nuestros países. Ante la injusticia, la solidaridad.
Por eso, al igual que en las marchas del fin de semana pasado, donde los asistentes nombraron a cada una de las víctimas para honrar su memoria y pedir cero impunidad, Comisión Unidos contra la Trata se une a este gesto de reivindicación porque reconocemos que cada una de ellas es más que una cifra, es más que una víctima; son historias y vidas. Nombrar es recordar. Nombrar es comenzar a luchar contra el olvido.
Luchar contra el olvido es exigir y hacer justicia.
Rosa Julia, Indira, Daria, Achly, Siona, Mayra, Skarleth, Yohana, Rosalinda, Madelin, Sarvia, Ana Nohemí, Yemmy, Jaqueline, Josselyn, Ana Rubidia, Beatriz, Grindy, Mari Carmen, Keila, Kimberly, Nancy, Estefany, Lilian, Mirza, Ana Roselia, Grisna, Melani, Luisa y todas cuyos nombres no conocemos todavía: las recordaremos, lucharemos por ustedes, su voz será la voz de cada niña y mujer que se proclama libre.
Todos podemos apoyar a estas familia usando #NiUnaMás #LasNiñasDeGuatemala #DueleGuatemala y denunciar trata al 01800 5533000 o en unidoshacemosladiferencia.com. m