Avalan 7 de cada 10 marco legal a las fuerzas armadas
El sondeo revela que 58% desconfía de las policías municipales y estatales, mientras que 56.2 por ciento de los encuestados se siente seguro con las labores que realiza la federal
Más de la mitad de los ciudadanos desconfía de las policías estatales y municipales, mientras, en contraste, ocho de cada diez confían mucho o algo en el Ejército y la Marina.
Así lo revela la encuesta “Ley de Seguridad Interior” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el que se detalla asimismo que 77.3 por ciento de los entrevistados respalda la intención de dar un marco legal a la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
A la pregunta “¿considera usted que la presencia de las fuerzas armadas fortalece a las instituciones en el combate al crimen organizado?”, 75.6 por ciento respondió “sí”; 21.1 por ciento, “no”, y el restante 3.3 por ciento no contestó o dijo no saber.
El sondeo señala también que más de seis de cada diez ciuda- danos (64.6 por ciento) percibe que la presencia del Ejército y la Marina en labores de patrullaje ha sido útil para el combate a la inseguridad pública y a las organizaciones criminales.
Incluso, más de la mitad de los encuestados (55.6 por ciento) sostiene que las acciones de combate a la delincuencia organizada deben corresponder a las fuerzas armadas.
Entre los 900 entrevistados, una clara mayoría se pronunció; sin embargo, contra la posibilidad de dar a los militares facultades para limitar derechos ciudadanos o invadir la privacidad.
Así, 74.1 por ciento se declaró en desacuerdo con facultar al Ejército para replegar manifestaciones por la fuerza y 55 por ciento dijo “no” a intervención de comunicaciones y recolección de información privada por parte de las fuerzas armadas.
No obstante, 60.7 por ciento se pronunció a favor de que la nueva ley conceda al Ejército y la Marina facultades de investigación como Ministerio Público y 62.3 por ciento respaldó otorgarles atribuciones para recibir denuncias, hacer detenciones y tomar declaraciones de testigos de actos ilícitos.
Por lo que hace a la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, el documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública evidencia el descrédito de policías municipales y estatales.
En respuesta a la pregunta “¿qué tanto confía usted en… las policías municipales”, 58 por ciento señaló “no confío”, contra 3.3 por ciento que aseguró confiar mucho y 37.6 por ciento que dijo tener algo o poca confianza en esas corporaciones.
Respecto a las policías estatales, 54.3 por ciento respondió “no confío”; 3.4 por ciento afirmó confiar mucho y 40.9 algo o poco.
A su vez, 56.2 por ciento indicó que la Policía Federal le merece algo o poca confianza y 9.6 por ciento mucha confianza, pero 30.9 por ciento expresó un “no confío” para dicha institución.
El Ejército mexicano alcanzó 49.7 por ciento en la respuesta algo o poca confianza y 38.6 por ciento en mucha confianza, solo 10.3 por ciento de los encuestados manifestó “no confío”.
La institución mejor calificada en materia de confianza social fue la Marina-Armada, pues 45.8 por ciento de los ciudadanos entrevistados dijo confiar mucho en ella; 41.2 por ciento, algo o poco, y 8.4 por ciento respondió “no confío”.
Urge a legislar
El diputado Manuel Espino, secretario de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública en el Palacio de San Lázaro, reafirmó la urgencia de legislar sobre seguridad interior, pero sostuvo que una nueva ley en la materia es “innecesaria”.
Se manifestó, en cambio, por adicionar un capítulo de Seguridad Interior a la Ley de Seguridad Nacional “para darle soporte constitucional a la legislación secundaria y base estructural a las políticas públicas respectivas”.
En su ensayo “Evolución y Tendencia del Marco Normativo para la Seguridad Nacional”, Espino subrayó la actual falta de precisiones y definiciones sobre seguridad interior en el marco legal del país.
Insistió por ello en la conveniencia de avanzar en ese tema, pero con una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional: “En lugar de crear una Ley de Seguridad Interior desvinculada de la Ley Suprema, se propone adicionar un apartado a la Ley de Seguridad Nacional, donde se incluyan los artículos que hagan falta para regular y dar certeza a la función del Estado respecto de la seguridad interior; de ese modo se evita que existan dos leyes específicas que dupliquen la regulación de esa función que, como se ha dicho, es inherente a la seguridad nacional”.
Manuel Espino señala que una nueva ley sobre seguridad interior es “innecesaria”