La Corte ante la crisis
Es innegable que nuestro país atraviesa por una crisis de credibilidad y confianza en las instituciones. Existe descontento social y frustración en diversos ámbitos de la vida pública y ante tal coyuntura es claro que el Estado debe responder y refrendar su compromiso con los ciudadanos. En este contexto, es de la mayor relevancia que la Suprema Corte se fortalezca y logre apuntalar su legitimidad, porque las funciones que desempeña son esenciales para la gobernabilidad del país.
Por un lado, la Corte funge como árbitro de los conflictos político-constitucionales. Su tarea es dar salida institucional a cualquier conflicto entre entes públicos y en tal sentido, contribuye al fortalecimiento del Estado cuando asegura que las relaciones entre los poderes y órganos se den en los términos que marca la Constitución, preservando la división de poderes y el federalismo y velando por el correcto ejercicio de las competencias que a cada uno corresponden. Pero además, en su función de órgano cúspide del sistema judicial y garante de los derechos humanos, la Corte da cauce a los reclamos de justicia de las personas, de manera que la protección que les brinda constituye una válvula de escape a las tensiones sociales.
En estas condiciones, no solo es necesario que los otros poderes y los actores políticos reconozcan y dimensionen la relevancia del máximo tribunal, sino que la propia Corte debe asumir la responsabilidad que le corresponde en un escenario como el que enfrentamos y adoptar medidas que contribuyan a legitimarse frente a la sociedad. Debemos acusar recibo del descontento y diseñar estrategias para hacerle frente.
En este sentido, la Corte no debe cejar en su compromiso con la protección y desarrollo de los derechos humanos. Por el contrario, debe consolidarse como la institución a la que los ciudadanos acuden con la esperanzade ser escuchados, atendidos, y de obtener una justicia real; y no con la resignación de que se toparán con un laberinto de trámites e indiferencia. La Corte debe ser receptiva a los reclamos sociales, establecer canales de comunicación que le permitan escuchar a la gente y acercarse a los justiciables con una actitud autocrítica. Asimismo, al dictar sus sentencias debe tener presente el contexto social en el que se emiten, los mensajes que envía y el impacto que generan.
De igual modo, es necesario que la Corte adopte una visión programática de su labor jurisdiccional, de manera que su doctrina jurisprudencial refleje los valores que deben permear a todo el sistema de impartición de justicia. Mediante una jurisprudencia clara, consistente y coherente, embebida de los valores, principios y derechos que establece la Constitución creo que es posible ir modificando las prácticas judiciales, incluso a nivel de la justicia local.
Por otro lado, la Corte debe comprometerse con una mayor austeridad republicana, así como con una transparencia y apertura que permitan a la sociedad civil hacer un escrutinio constante de su labor administrativa y jurisdiccional.
Finalmente, es importante recordar que la legitimación de un tribunal constitucional, a diferencia de un parlamento, no deriva de que sus decisiones se tomen por mayoría, sino de que las razones expresadas por esa mayoría, confrontadas con los argumentos de la minoría, tengan un mayor peso y resulten más persuasivas. En un órgano que debate públicamente, como lo hace la Suprema Corte, es imprescindible que las discusiones sean robustas e intensas, para garantizar a la sociedad que las sentencias se dictan con base en los mejores argumentos disponibles.
En suma, frente al reto de reivindicar la legitimación de la Corte, con las implicaciones que esto tiene para la estabilidad de nuestro sistema, me parece que no basta con ejercer con autonomía e independencia las competencias que la Constitución asigna; también es necesarioque exista una estrategia y un rumbo pero, sobre todo, un objetivo claro que, al final del día, no es sino asegurar el presente y futuro de la democracia mexicana.