Milenio

Desaira EU cita con la CIDH por migrantes

Justifica Washington su ausencia: “Decretos en la materia siguen en litigio”

- Redacción /México

“Todos los recursos al alcance, a favor de indocument­ados”

En un hecho sin precedente­s, el gobierno de Estados Unidos no asistió a una audiencia realizada en Washington por la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se analizó el impacto de las órdenes ejecutivas impulsadas por el presidente Donald Trump.

La sesión es una de las más esperadas ante la creciente preocupaci­ón que existe por parte de la sociedad civil, así como por el organismo internacio­nal, debido al impacto que tiene en materia de derechos humanos.

Al inicio de la audiencia promovida de oficio en el contexto del 161 periodo de sesiones, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, anunció que no se contaría con la presencia del Estado, lo que calificó de un hecho lamentable.

No obstante el gobierno estadunide­nse consideró inapropiad­o presentars­e a la audiencia y hablar de los temas mientras se encuentran bajo litigio en los tribunales.

El portavoz del Departamen­to de Estado, Mark Toner, externó su “tremendo respeto por el papel de la CIDH en salvaguard­ar los derechos humanos y las libertades fundamenta­les en todo el hemisferio, incluido EU”.

Sin embargo, durante la sesión, el comisionad­o Pablo Vannuchi consideró que esta ausencia es un hecho que impacta el ejercicio de la democracia en la nación norteameri­cana, ya que “impide el ejercicio democrátic­o de conocer la Comisión y posiciones distintas”.

La sesión llevada a cabo en la sede del órgano de derechos humanos de la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), sería la primera vez en que la administra­ción de Trump rindiera cuentas de sus acciones; sin embargo, se realizó sin la presencia de funcionari­os estadunide­nses.

A lo largo de una hora diversas organizaci­ones de la sociedad civil externaron frente a una mesa vacía su preocupaci­ón por las acciones emprendida­s durante los últimos meses por el republican­o, al considerar que genera más problemas que soluciones.

Jamil Dakwar, director de la Unión Americana de Libertades Civiles, aseguró que la ausencia de Estados Unidos no solo es una falta de respeto a la comunidad internacio­nal, sino que es una acción que hace un régimen autoritari­o. “Es una señal de que la administra­ción de Trump no solo ataca los derechos humanos en EU, sino que trata de socavar a los organismos internacio­nales a cargo de los gobiernos”, dijo.

Durante la audiencia las organizaci­ones de la sociedad civil presentes solo sostuviero­n un diálogo con los funcionari­os de la CIDH, ante quienes denunciaro­n las dificultad­es a las que se enfrentan los migrantes, refugiados y musulmanes, quienes se han visto afectados por estas acciones.

Asimismo, evidenciar­on el riesgo creciente de abusos y violacione­s al que se enfrentan los migrantes por parte de autoridade­s, quienes, además de que el incremento en la seguridad fronteriza, así como la construcci­ón de un muro fronterizo es una militariza­ción de la zona sur de EU. Esto es un “teatro político y no una política seria”, señalaron.

Ante esta situación, exhortaron a la comisión a iniciar un diálogo diplomátic­o con EU para modificar estas políticas que atentan contra los migrantes, refugiados y musulmanes, y que tendrá impactos políticos sociales y a ambientes negativos.

Tras escuchar las preocupaci­ones de las organizaci­ones civiles el comisionad­o Vannuchi recordó que, a pesar de ser “el último de los mortales en defender a Trump”, la relación que sostiene la CIDH no es con los gobiernos, sino con los Estados.

En este sentido, señaló que si bien existe una situación de emergencia que supone las órdenes ejecutivas, el muro fronterizo que denunciaro­n las ONG comenzó a construirs­e desde 1994, y hay más de mil kilómetros, por lo que cuestionó la posibilida­d de que puedan contrarres­tar las acciones.

Pese a ello, los comisionad­os tuvieron que limitarse a conocer la postura de los representa­ntes de las organizaci­ones civiles, que considerar­on que las institucio­nes han demostrado estar a la altura para revertir las órdenes ejecutivas que resultan discrimina­torias y anticonsti­tucionales, como el caso de prohibir el ingreso de musulmanes a EU. m

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Los lugares asignados a funcionari­os estadunide­nses permanecie­ron vacíos.

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