CADA JUEVES EN AL FRENTE
A partir de hoy lea Contracorriente, de Maite Azuela
Hace tres años Entre uno de los expedientes de tortura apilados en los casos pendientes está el de Taylin Wang, quien en febrero de 2014 fue torturada por policías federales para que se declarara culpable de pertenecer a una banda de secuestradores. Los actos de tortura a los que fue sometida le provocaron un aborto sin que fuera atendida médicamente. Tras un proceso atascado de irregularidades, como detención arbitraria, incomunicación, violación de garantías judiciales y violencia sexual, fue recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan.
El 14 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió la queja de un civil que había sido detenido en su domicilio durante la madrugada y torturado por integrantes de la Marina en Culiacán, Sinaloa. Para obligarlo a reconocer las fotografías de personas que desconocía, fue levantado en una camioneta en la que fue golpeado. La barbarie llegó al punto de que le quemaron las manos y le arrancaron piel de los pies. A principios de 2017, la CNDH emitió una recomendación a la Semar por este caso. Hace dos años En abril de 2015, Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presentó un informe sobre tortura en México. Aseguró que en México la tortura es generalizada. La aseveración vino acompañada de un llamado para aprobar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sin embargo, fueron más expeditas las reacciones para negar la generalización que para impulsar el marco jurídico que contuviera los ánimos de los torturadores.
No solo la tortura sigue siendo una práctica común, sino que los niveles de agresión y sofisticación del sadismo con que se ejerce en nuestro país se han incrementado. Hace un año El Senado envió una propuesta a la Cámara de Diputados y el plazo constitucional para el proceso legislativo venció hace más de un año. Fue atendida una de las preocupaciones más señaladas por los expertos, ya que se eliminó la necesidad de la regla de exclusión de prueba, que permitía que con confesiones se obviara la investigación.
Aunque se podría responsabilizar a niveles de mando o reducir garantías de servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura, si se aprobara el proyecto de ley, se cubriría en general con los estándares internacionales. Ahora ¿No hay prisa por detener la barbarie? El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, no pudo haberlo planteado mejor: antes que Ley de Seguridad Interior, ley contra la tortura. M