Milenio

Parlamento va por cese de jueces en Venezuela

- CARACAS DENUNCIA ACOSO DE LA OEA EFE/Washington

La mayoría opositora del parlamento venezolano inició un proceso para destituir a magistrado­s del máximo tribunal de justicia, aunque el trámite tiene escasas posibilida­des de prosperar ante el respaldo del gobierno a los jueces.

En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces ejecutaron un “golpe de Estado” contra el parlamento, prácticame­nte atado de manos pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 —cuando la mayoría opositora accedió al control— y desde entonces ha anulado todas sus decisiones.

La decisión del TSJ también fue objeto de diversas marchas en los últimos días, con saldo de medio centenar de heridos y una docena de detenidos, según la oposición, por lo que el inmueble está bajo resguardo militar.

Ante el rechazo interno e internacio­nal, el TSJ —acusado de servir al presidente izquierdis­ta Nicolás Maduro— anuló el sábado los fallos del llamado “golpe de Estado”, aunque solo parcialmen­te.

Los gobiernos de Bolivia y Nicaragua apoyaron a Venezuela al denunciar como “fraude jurídico y procesal” la resolución adoptada el lunes por la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), que afirma que en ese país hay una “grave alteración inconstitu­cional del orden democrátic­o”. La canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció que su gobierno apelará ante “otras instancias internacio­nales”, pero sin precisar cuáles.

Los tres países, socios en la Alianza Bolivarian­a (ALBA), enviaron ayer a sus cancillere­s a la OEA para denunciar la reunión que se celebró el lunes, a pesar de que Bolivia, que ostenta la presidenci­a de turno del Consejo Permanente del organismo, la había suspendido por la mañana.

El argumento de estos países es que no solo la sesión se llevó a cabo pese a que la presidenci­a del Consejo (Bolivia) la había suspendido, sino que el texto se adoptó con la presencia de “solo” 21 países en la sala.

La normativa de la OEA estipula que una sesión puede celebrarse cuando haya al menos 12 Estados y que se puede tomar una decisión cuando haya al menos 18. m

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