DERECHOS DE LOS NIÑOS INVISIBLES
Sylvana Beltrones, en defensa de nacidos en cárceles
Los derechos de los infantes nacidos en los centros penitenciarios de México se ven vulnerados al negarles recibir atención médica, educación básica, alimentación apropiada y un desarrollo ajeno a peleas, actos de corrupción y de criminalidad, aseguró la diputada del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez.
La legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Víctimas, que permitan garantizar los derechos constitucionales de esos menores que nacieron y viven con sus madres en las cárceles.
El proyecto de reforma “Los niños invisibles” fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por Jesús Salvador Valeria Guzmán, en espera de que en esta ocasión se dictamine por tratarse de sectores vulnerables que “no son contabilizados en las estadísticas penitenciarias”.
Beltrones Sánchez aseguró que a este sector se le margina de los presupuestos con los que se garantizaría su protección y bienestar como lo establecen los tratados internacionales de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
La última cifra oficial del Inegi, que data de 2014, dijo, reporta que hay 549 menores viviendo con sus madres”, en tanto, la asociación Reinserta un Mexicano (Reinserta) —que trabaja con México Invisible— calcula que este año 678 niños nacieron en las cárceles y viven recluidos en algún centro penitenciario con sus madres.
“Sin culpa alguna, están materialmente privados de su libertad. En la mayoría de los casos, viven hacinados en pequeñas celdas donde comparten espacio hasta con seis reclusas, además de su madre.
“La condición de hacinamiento contribuye a que sean testigos de peleas, de conversaciones y hechos poco adecuados a su edad, como visitas íntimas, corrupción y criminalidad.
“Están expuestos a condiciones de violencia, inseguridad e insalubridad que los hace propensos a la orfandad, migración, situación de calle, adicciones y a un entorno delincuencial”, detalló.
El haber nacido en la cárcel, aclaró, no es condicionante para excluirlos de los derechos de gozar de un desarrollo saludable y seguro en el ámbito emocional, conductual, cognitivo y social. Lamentablemente, abundó, ninguna de las condiciones se cumplen y las implicaciones pueden ser serias.
“Estudios recientes observan que los cerebros de los niños que crecen en ambientes estresantes, donde la violencia es crónica, pueden presentar las mismas afectaciones que los cerebros de soldados en combate”, alertó.
Asimismo, agregó, “el estar constantemente a la defensiva o al ataque, eleva sus niveles de cortisol, lo cual los vuelve sumamente vulnerable a la depresión, ansiedad y a conductas violentas y agresivas. El cortisol en altos niveles impide el desarrollo intelectual y de concentración, lo que implica una fuerte limitación para su futuro como estudiantes”.
La también integrante activa del patronato del Instituto Nacional de Cancerología comentó que la ciencia establece que desde el nacimiento hasta los seis años se desarrollan habilidades sociales para relacionarse positivamente.
“Si el ambiente en el que están inmersos es de violencia y constante agresión, es muy probable que en un futuro repliquen las conductas y patrones que observaron en este ámbito carcelario”, explicó.
Beltrones Sánchez recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los menores pueden estar con sus madres hasta los 3 años, cuando en otros países no se fija un límite de edad y cada caso se estudia individualmente.
Aunque México cumple con los parámetros de límites de edad establecidos en Austria, Bélgica, España, Italia, Portugal y Polonia, la realidad es que en el país se carece de programas, infraestructura y presupuesto para dotar de dignidad a la infancia en estos centros.
En Alemania, por ejemplo, se cuenta con departamentos, dentro de las cárceles, iluminados y abiertos, incluso, durante el día, los niños acuden al kínder y por las tardes conviven con sus madres.
Francia también dispone de unidades especiales para que las madres privadas de la libertad trabajen mientras sus hijos se encuentran en guarderías; en Dinamarca, Suecia, Portugal y Finlandia se permite no solo que las mujeres tengan consigo a sus hijos, sino que extiende ese derecho a los padres reclusos.
“Noruega rompe el esquema, pues no permite que los niños vivan con sus padres. Sin embargo, prevé que los puedan visitar tres veces por semana y estar en constante comunicación telefónica”, destacó.
En México cuando se cumple el límite de tres años, los menores son expulsados a pesar de que existe la Ley de Ejecución Penal que notifica a la Procuraduría Federal de Protección del Menor sobre la importancia de proteger sus derechos.
“No sucede así, por ello, presenté la iniciativa que prevé que las procuradurías deben de coadyuvar en los mecanismos especiales de vigilancia y protección para realizar todas las acciones que sean necesarias para salvaguardar el interés superior del menor”, detalló.
La iniciativa “Los niños invisibles” establece la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de garantizar el respeto, la protección y la promoción de sus derechos, a través de programas y políticas basadas en adecuar espacios físicos en las cárceles y en conformar una base de datos que permita dar seguimiento a cada menor.
“A las procuradurías de protección del menor se les impone la obligación de establecer programas y acciones periódicas de verificación del acceso y el ejercicio de los derechos de estos niños. Para esto, se les faculta para solicitar medidas urgentes de seguridad y protección de los menores ante la autoridad que corresponda”, explicó.
En estas acciones se involucra a las procuradurías de protección y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para promover la adopción, en caso de ser necesario, y brindarles servicios de alojamiento y alimentación.
“Asimismo, se reforma la Ley de Asistencia Social a fin de considerar de forma explícita a los niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios como sujetos de asistencia social preferente y de determinar que la Secretaría de Salud tendrá la atribución de emitir disposiciones para la adopción”, dijo.
La reforma a la ley de víctimas, aclaró, considera a los menores como víctimas indirectas del delito y, al hacerlo, son sujetos de asistencia social y pueden acceder a un apoyo.
“Los niños que viven con sus madres en reclusión no constituyen propiamente una población penitenciaria, se encuentran ahí por la situación jurídica de la madre”, afirmó.
La reforma a la ley de los derechos de los menores obliga a las autoridades a otorgar atención obstétricoginecológica antes, durante y después del parto, y que los recién nacidos accedan a servicios pediátricos, a una alimentación adecuada y a una educación inicial que los dote de herramientas para su formación y desarrollo en el futuro. m
Sin culpa alguna están privados de su libertad y viven hacinados” En Alemania acuden al kínder y por las tardes conviven con sus madres”