Coahuila: restituir la legalidad
Razones habrá para que el centro hubiera dejado que el gobernador Rubén Moreira se le hubiera dejado en libertad para poner candidato; quizá fue una forma de desentenderse del estado norteño y así concentrar la atención en el Edomex
Como han señalado muchos observadores, lo ocurrido en Coahuila no guarda precedente. Algunos cercanos al poder lo han pretendido minimizar y hacerlo ver como una respuesta previsible de una oposición negada a reconocer la derrota. No es así, y la observación crítica no solo viene de una parte del espectro de los perdedores, también de analistas rigurosos que identifican un punto de quiebre, un regreso al pasado en materia de elecciones.
Razones habrá para que el centro hubiera dejado que el gobernador Rubén Moreira se le hubiera dejado en libertad para poner candidato; quizá fue una forma de desentenderse del estado norteño y así concentrar la atención en el Estado de México. Seguramente la intransigencia del gobernador para imponer a Miguel Riquelme hubiera obligado a una intervención mayor del centro y probablemente al relevo del mandatario. De lo conocido, nada hay de mérito para concederle gracia de tal tamaño, sobre todo si era evidente que la determinación del gobernador tenía que ver con encubrir una administración bajo cuestión, como en su momento se documentó con las empresas fantasmas evidenciadas por la prensa.
Con lo ocurrido con Andrés Granier al inicio del gobierno, así como con Javier y César Duarte, y recientemente con Roberto Borge, todos ex gobernadores, perder la elección puede llevar, también, la pérdida de la libertad. Es un muy elevado el costo que ha modificado la actitud de los gobernadores ante su propia sucesión. Lo que estaba de por medio para el mandatario era mucho. No había espacio para la derrota.
Dadas las circunstancias, debe considerarse como un acto de negligencia mayor que el INE no hubiera atraído la elección. Ya había señales suficientes de parcialidad y falta de confiabilidad por parte del órgano electoral. El desenlace de los eventos obligaba a la organización de las elecciones bajo los estándares del INE, para que la manera de organizar, capacitar y cuidar la elección ocurriera en el contexto de lo que ahora es una consolidada experiencia y cultura electorales. No ocurrió así y en la evaluación de los hechos, incluso para el mismo PRI y su candidato en cuestión, fue un error no contar con una autoridad electoral confiable.
Es posible que el INE actuó así para cuidar a la institución de cara a los comicios presidenciales de 2018. Organizar una elección conlleva costos, recursos y riesgos. Nuevamente, la actitud del centro fue dejar que el gobernador y el órgano electoral local impusieran su propio estándar. Así se llevó a cabo la elección y así tuvo lugar la jornada electoral. La mora sin precedentes en la entrega de paquetes electorales para su registro en el PREP es una evidencia de que el órgano electoral local no hizo bien su trabajo o que permitió que los paquetes se modificaran. La sospecha es inevitable. Lo ocurrido el domingo pasado en Coahuila es un paso ominoso, un regreso a lo peor del pasado.
El PREP no es vinculante, pero sí es un instrumento fundamental de certeza. La contabilidad pública de casilla por casilla después de la elección es uno de los medios más importantes para la construcción de certeza. El conteo rápido oficial es útil, pero es un ejercicio de aproximación. En el Estado de México coincidió al dar ganador por la misma cifra a quien resultó ganador en el PREP y en el resultado final. En Coahuila el conteo rápido dio ganador a Guillermo Anaya por muy estrecho margen, el PREP con poco más de 71% dio ganador a Miguel Riquelme y el resultado final, con paquetes presumiblemente alterados, también dio ganador por una cifra fuera del margen del conteo rápido.
La inconsistencia de cifras oficiales y el funcionamiento irregular del PREP que no pudo contabilizar más de la cuarta parte de las casillas no es causal de nulidad, pero sí es una expresión de ineficacia del órgano electoral, por decir lo menos, y de falta de credibilidad dadas las circunstancias sobre la situación política en el estado y la condición del gobernador Rubén Moreira.
Corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decir la última palabra. No es una decisión simple anular una elección. Tiene implicaciones sumamente graves. Revertir el resultado a favor de Guillermo Anaya se sustentaría en un nuevo cómputo con paquetes electorales alterados y por lo mismo no confiables. Aún con la gravedad de la decisión de por medio, el tribunal electoral deberá anular y que ahora sí el INE organice los comicios para que la elección tenga lugar a la brevedad y que el gobernador pida licencia para que ahora así quien gane lo haga en condiciones de certeza jurídica y legitimidad política. M
Revertir el resultado a favor de Guillermo Anaya se sustentaría en un nuevo cómputo con paquetes electorales alterados y por lo mismo no confiables