Militar del caso Palmarito seguirá preso por deserción
Aunque un juez dejó en libertad al sargento acusado de disparar a un huachicolero, todavía tiene pendiente un proceso de índole castrense, por el que se encuentra en cárcel preventiva
Pese a que un juez federal dejó en libertad bajo las reservas de ley al soldado que presuntamente disparó a Paulino Martínez Silva, El Pavis o El Pavín, el pasado 3 de mayo en el poblado de Palmarito Tochapan, municipio de Palmar de Bravo, Puebla, el militar continuará en prisión preventiva por lo que hace a otro delito del orden castrense.
Tras conocer el fallo del juez federal que determinó no aceptar como prueba el video que circuló en redes sociales, en el que supuestamente se aprecia cómo el sargento dispara contra el presunto delincuente, momentos después de que un soldado es asesinado por la espalda por otro criminal, funcionarios federales señalaron que el caso aún no está cerrado.
Indicaron que la Procuraduría General de la República aún no concluye la investigación sobre el papel que desempeñaron los militares durante y después del enfrentamiento que dejó cuatro civiles y seis soldados muertos.
Los funcionarios explicaron que aún se puede fortalecer la indagatoria contra el sargento, ya que la resolución del juez no es definitiva.
En entrevista con MILENIO, el empresario Alejandro Martí dijo que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla no aceptó como prueba el video, ya que la PGR lo obtuvo de las redes sociales; son imágenes que levantaron los propios huachicoleros, es decir, los delincuentes que se dedican al robo de hidrocarburo. “Siempre he dicho que basar toda una acusación en un video, subido a redes por los criminales, no se me hace del todo muy justo”, expresó.
Martí comentó que el sargento cuenta actualmente con un defensor de oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, solo por lo que hace al delito de deser- ción; mientras que, por el ilícito de homicidio, que le imputa la PGR, lo representa el abogado Alejandro Robledo.
El activista explicó que el delito de deserción por el cual se acusa al soldado derivó de los hechos del 3 de mayo; después de darse a conocer el video, el militar decidió no acudir al día siguiente con sus superiores, por temor. No obstante, después lo hizo.
La defensa del sargento, añadió Martí, prevé que la PGR presente otro tipo de pruebas contra el militar.
Paulino Martínez era primo de Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, éste último identificado como el líder de la banda que se dedica al robo de combustible en esa región de Puebla.
Hace unas semanas, funcionarios del gobierno federal afirmaron que la PGR investigaba a 30 elementos del Ejército que participaron en el enfrentamiento y que indagaba a policías de Puebla y a personal de la Dirección de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos por su probable relación con huachicoleros.
Los funcionarios aseguraron que la PGR tiene un “video original”, no editado, que registró todos los acontecimientos, antes y después de los sucesos ocurridos en Palmarito Tochapan.
Incluso señalaron que las investigaciones han arrojado que el sistema de videovigilancia en el poblado fue instalado por El Toñín para monitorear el ingreso de grupos criminales rivales.
Por su parte, la Fiscalía General de Puebla consignó a nueve civiles, quienes fueron vinculados a proceso; sin embargo, el juzgado declinó competencia y dejó el asunto en manos de un juez federal. El PRI presentará el miércoles una iniciativa de reformas al Código Penal para incluir el robo de combustibles en el catálogo de sanciones que ameritan prisión preventiva, al argumentar que la complejidad de ese delito implica vidas, enfrentamientos y el riesgo en que se pone a la población cuando se abren tomas clandestinas.
Se refiere que de acuerdo con la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR, durante el primer trimestre de este año las carpetas de investigación abiertas en el fuero federal por el presumible delito de sustracción de hidrocarburos muestran una mayor incidencia en Guanajuato, con 381 casos.
Le siguen Veracruz, con 199; el Estado de México, con 111; Tabasco, con 108; Hidalgo, con 107; Sinaloa, con 80; Puebla, con 67, y Querétaro, con 63, entre otros.
Se da cuenta que en 2016 hubo 157 detenidos, de los que se vinculó o consignó a 115 de ellos.
Mientras que en 2017 van 70 detenidos en el primer trimestre en CdMx, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, de los que se han vinculado a proceso o consignado a 51.
En la iniciativa que presentará la priista Marcela Guerra se destaca que ante el aumento de robo de combustible, es necesario incluir ese delito en el catálogo de sanciones con prisión preventiva.
La priista hizo notar que tan solo en los primeros tres meses del año aumentó el número de carpetas de investigación en ciento por ciento, es decir, que hasta principios de abril se abrieron mil 355 carpetas, mientras que en 2016 hubo 678.
Afirmó que se debe partir de que en general los derechos humanos no son absolutos, salvo excepciones que ha expresado la Corte. “Es necesario aclarar que todo derecho es susceptible de limitaciones. El contorno mismo de su aplicación requiere ser delimitado, lo que puede ir de por sí en detrimento de una comprensión expansiva del mismo. También acontece que esos derechos entran en conflicto con otros principios que forma la vida en sociedad”, dijo. m