Fiscal general arrecia sus críticas a Maduro y al Tribunal Supremo
Luisa Ortega acusa a la Justicia de agravar la crisis de Venezuela con su “parcialidad”
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, arreció contra el gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al máximo tribunal de justicia de agravar “con su parcialidad” y con el aval al llamado a constituyente la violenta crisis que sufre Venezuela desde inicios de abril y de responsabilizar al Ejecutivo de cualquier agresión a su familia, víctima de “amenazas”, dijo.
Ortega, confesa chavista ahora considerada “traidora” por el gobierno, impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la designación de 33 de sus jueces, por considerar que esa designación se dio en un proceso “irregular”, en diciembre de 2015, por el entonces saliente parlamento de mayoría oficialista.
Su reacción fue en respuesta a una decisión de la Sala Electoral del TSJ que poco antes había rechazado un recurso de nulidad de la fiscal Ortega contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.
Tras la resolución del TSJ, Ortega impugnó el nombramiento de los jueces en 2015, cuando en una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad, la Asamblea, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 jueces titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, poco antes de que la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD, centroderecha) tomara el control legislativo.
La oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal vienen a profundizar no solo las fracturas del chavismo, sino la severa crisis institucional que vive Venezuela desde que la oposición logró una aplastante mayoría parlamentaria, por primera vez en 18 años de he-
La abogada, chavista confesa, es considerada ahora una traidora por el gobierno madurista
gemonía chavista. Ortega, abogada de 59 años, se ha convertido en la más dura crítica del gobierno, cuando Maduro enfrenta violentas protestas que exigen su salida, y que dejan 66 muertos en dos meses y medio. Su gobierno debe concluir a fines de 2018.
Ayer, manifestantes encapuchados incendiaron en parte un edificio administrativo del TSJ, en Chacao, este de Caracas, bastión opositor.
Grupos de jóvenes con rostros cubiertos lanzaron piedras y cocteles molotov contra las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, desatando las llamas en la fachada. Al final de la tarde, una inmensa columna de humo negro se alzaba sobre el edificio de cuatro pisos y donde también funciona una sucursal bancaria, donde decenas de manifestantes entraron causando destrozos. Computadoras y equipos electrónicos del banco fueron quemados en la calle.
Militares y policías disolvieron los disturbios con gas lacrimógeno y perdigones, y el cuerpo de bomberos controló el incendio.
Los encapuchados también lanzaron piedras contra la sede del Ministerio de la Vivienda, a unos metros de ahí, de donde fueron evacuados los trabajadores, afectados por los gases.
El TSJ anunció que mudará esa institución por orden de su presidente, el magistrado Maikel Moreno, por considerar Chacao, gobernado por la oposición, “un territorio sin ley”. m