INE y TEPJF: los llevaron al baile

Aún no terminan los procesos electorales y todo apunta a que, junto con el PAN y Morena, las autoridades electorales y la democracia se sumarán a la lista de instituciones derrotadas. Aunque parezca muy descabellado, a la democracia y a los ciudadanos no les puede ir muy mal si el INE y el TEPJF no desempeñan adecuadamente su papel en la revisión de las impugnaciones y en la calificación de las elecciones de Coahuila y Estado de México.

Tanto las campañas como la jornada electoral estuvieron inundadas de irregularidades: el gasto excesivo y la violación de los topes de campaña, los intentos de compra de votos (es muy difícil comprobar si esos intentos realmente fueron efectivos), el uso indebido de recursos públicos en las campañas, boletas tiradas en basureros, bodegas con la paquetería electoral mal custodiadas, un PREP demasiado sospechoso con resultados contradictorios con el conteo rápido. Los indicios de que los comicios están manchados por el fraude han abundado en los medios de comunicación y las redes sociales.

Y aquí entramos en un ambiguo y pantanoso escenario del cual no saldremos bien librados. Por un lado, están las sospechas del fraude del PRI ampliamente compartidas por la mayoría de los ciudadanos y, por el otro, las dificultades e incapacidades de los partidos quejosos para traducir en evidencias jurídicas válidas los abundantes indicios de fraude. El resultado de esta disparidad entre hechos y verdad jurídica será, muy probablemente, una resolución de las autoridades electorales dando por buenos los resultados impugnados.

Al validar unos procesos muy cuestionados, el INE y el TEPJF perderán más credibilidad de la ya poca que gozan. Están entrampados, pues no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley, y si los partidos no son capaces de demostrar con pruebas inobjetables las trapacerías, tendrán que ratificar las constancias de mayoría de Del Mazo y Riquelme.

Una posible solución al dilema, cuando menos parcial, consistiría en que el INE y el TEPJF no confundan la ausencia de evidencias jurídicas de las numerosas irregularidades con su inexistencia. Que el derroche de dinero de las campañas, por ejemplo, no se pueda convertir en pruebas válidas ante el tribunal, no significa que los partidos gastaron únicamente lo que la ley les permite. Ahí está el derroche, en las bardas, en los espectaculares, en los acarreos, en el reparto de cuanto se les ocurrió, en los miles de operadores contratados, en los cuentones de telefonía celular; ahí están los videos de Eva Cadena, las rebajas en la nómina de los empleados de Texcoco, las tarjetas rosas del PRI, los testimonios de votos comprados y credenciales entregadas a cambio de no sé qué bienes. Y también están los enormes fallos de los organismos electorales locales, las trapacerías al estilo de los años 80 cometidas en Coahuila, a lo que el INE y el TEPJF no pueden cerrar los ojos, solo porque no están demostradas jurídicamente.

Los partidos y los gobiernos federal y estatales están dinamitando a las autoridades electorales. Quizá la manera de salirse del lío en que están metidos magistrados del TEPJF y consejeros del INE sea por medio de un pronunciamiento político —no jurídico—, denunciando la degradación masiva que están haciendo partidos y gobiernos de los procesos electorales y, por tanto, del daño severo que le han hecho a la débil e imperfecta democracia mexicana. Ese pronunciamiento político debiera acompañarse de una exigencia de un acuerdo político amplio y de cambios legales —incluida la Constitución para salvar el tema del plazo para que puedan ser aplicados a la elección de julio de 2018— que reviertan el camino, ahora inevitable, a una elección conflictiva y a una nueva Presidencia deslegitimada y débil. No nos podemos dar ese lujo después de un gobierno como el de Peña Nieto. M

El resultado de la disparidad entre hechos y verdad jurídica será, probablemente, una resolución de las autoridades electorales dando por buenos los resultados impugnados