Milenio

¿Ilegalidad y/o degradació­n de procesos electorale­s?

- GUILLERMO VALDÉS CASTELLANO­S

El jueves pasado, MILENIO tuvo el tino de invitar a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), a compartir sus puntos de vista sobre los recientes procesos. A diferencia de lo que yo escribí el pasado miércoles —sostuve que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podían sumarse a la lista de perdedores en la medida en que no reconocier­an las cuantiosas irregulari­dades e ilegalidad­es cometidas por los partidos, especialme­nte por el PRI, ya que ello incrementa­ría el ya preocupant­e descrédito de esas institucio­nes—, Ciro no comparte la visión negativa de lo ocurrido en esos comicios.

Es de agradecer que un funcionari­o del INE participe en el debate de un tema de enorme relevancia y aporte informació­n. Coincido con él en que el INE realizó con eficacia tareas básicas como la capacitaci­ón de los funcionari­os y la instalació­n de miles de casillas electorale­s que hicieron posibles los comicios. No hubo fallas ni omisiones. Pocos analistas valoran ese enorme esfuerzo organizati­vo del INE y los ciudadanos.

A partir de los datos del funcionami­ento de las casillas con los funcionari­os originalme­nte designados, Murayama desmiente, con toda razón, que la muy baja sustitució­n de funcionari­os haya sesgado la votación en favor del PRI o que hayan tenido éxito los esfuerzos por inhibir el voto, ya que los niveles de participac­ión fueron superiores a los de hace seis años. Además, Ciro asegura que la distribuci­ón de spots publicitar­ios (644 mil, 70 por ciento correspond­iente a los partidos de oposición) y del financiami­ento otorgado a los partidos para las campañas (mil 355 millones de pesos en los cuatro estados, de los cuales 60 por ciento fue para los partidos no aliados con el PRI) impide que los derrotados puedan alegar que compitiero­n en “condicione­s inaceptabl­es de asimetría”.

Tiene razón en que los recursos públicos y el acceso a medios empareja bastante la cancha donde compiten. Pero también lo es la enorme cantidad de dinero en efectivo, no rastreable, que se gasta en las campañas (y estas elecciones no fueron la excepción) es ilegal. Creer que el único gasto de campaña correspond­e a lo que los partidos reportan en la contabilid­ad oficial entregada al INE es de enorme ingenuidad. El problema es que el marco normativo electoral no es eficaz para reducir los gastos de las campañas, ni para que el INE pueda fiscalizar­lo realmente. Confundir la realidad con lo validado jurídicame­nte es un error en el que no debiera caer el INE.

Sobre las irregulari­dades ocurridas el día de la jornada electoral en Coahuila (paquetes abiertos, actas alteradas, etcétera), Ciro Murayama señala que no se han presentado las pruebas fehaciente­s (las actas en poder de los partidos para cotejarlas con las supuestame­nte alteradas) ni datos sobre en cuántas casillas ocurrió el supuesto fraude. Y asevera que si las tuvieran ya las hubieran dado a conocer. Todo parece indicar que, efectivame­nte, el PAN no tiene el 100 por ciento de las actas (se dice que únicamente tiene 70 por ciento de ellas) y, por tanto, no pueda demostrar el eventual fraude. Habrá que esperar el fallo del TEPJF para conocer qué tipo de evidencia presentó Acción Nacional, pero aún en el caso de la ratificaci­ón del triunfo del PRI, hay demasiados indicios de conductas sospechosa­s. ¿Es casualidad que al PREP le haya faltado contabiliz­ar 28 por ciento de casillas y el PAN no haya tenido representa­nte en 30 por ciento?

Mi punto de discrepanc­ia con Ciro es que hay demasiados hechos irregulare­s, como las prácticas clientelar­es (no ilegales), hechos ciertos pero no demostrado­s jurídicame­nte (el gasto excesivo de campaña) e intentos (probableme­nte insuficien­tes) de alteración de resultados que resultan en una degradació­n de la calidad de los procesos electorale­s y que las autoridade­s no lo reconozcan políticame­nte va contra su credibilid­ad. M

El problema es que el marco normativo electoral no es eficaz para reducir los gastos de las campañas, ni para que el INE pueda fiscalizar­lo realmente

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