La tortura detona la violencia, afirma Campa
El funcionario de la Segob asegura que la ley general en la materia debe ser promulgada antes del 26 de junio
El titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, reconoció que la tortura persiste en muchos ámbitos de la seguridad pública, a pesar de los avances, y advirtió que esta práctica no le conviene a nadie porque detona violencia y no seguridad.
Durante la segunda sesión del Seminario para la Reflexión sobre Políticas Públicas en Derechos Humanos, el funcionario destacó que está próxima a promulgarse la Ley General contra la Tortura en México, la cual constituye una sólida base para avanzar en su erradicación, porque “tener una ley no garantiza que los problemas se resuelvan, pero la ausencia de una legislación sí hace que sea mucho más difícil resolverlos”.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación afirmó que “todavía en algunas corporaciones se considera que la tortura es un instrumento de investigación y tenemos que reiterar que no lo es, que tenemos
Eliminarla es uno de los grandes retos que tiene el país en materia de derechos humanos
que erradicar” esas prácticas ilegales.
Agregó que “no puede negarse que ha habido avance en nuestro país, que su práctica se ha reducido en muchas de las corporaciones de seguridad y que nuestro marco jurídico es ahora mucho más claro en su prohibición”. Sin embargo, “debemos reconocer que no hemos logrado su erradicación y que su práctica persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad pública”. En la apertura del seminario, Campa señaló que el recurrir a esos métodos “no le conviene a nadie, la tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos. Constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad, una investigación fundada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad”.
Dijo que eliminar esas prácticas es uno de los cinco grandes retos de México en materia de derechos humanos —junto con la desaparición, el uso legítimo de la fuerza, la protección a defensores de derechos humanos y periodistas y el ordenamiento de los flujos migratorios— y que la instrucción del Presidente y el secretario de Gobernación es darle prioridad a los trabajos para erradicarla.
Consideró que la nueva ley —cuyo plazo para promulgarse vence el próximo 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura— y el nuevo sistema de justicia penal constituyen una oportunidad para eliminar los incentivos de la tortura y garantizar el derecho al debido proceso. m