Espiar no es inteligencia
Apregunta expresa ¿para qué destinar tiempo y recursos en documentar las acciones y conversaciones de otros?, la más lógica de las respuestas sería que para obtener información privada que se pueda utilizar “inteligentemente” contra la persona vigilada. Sin embargo, la sofisticación en la recabación y el uso de información privada a través del espionaje en telecomunicaciones tiene implicaciones que provocan un daño irreparable no solo en la persona espiada, sino en su comunidad.
La violación al derecho a la intimidad es una agresión sutilmente ejecutada para intimidar a quienes incomodan con sus palabras, acciones y relaciones. Saberse espiado modifica inevitablemente el comportamiento de cualquiera, frena las acciones de denuncia y esparce desconfianza generalizada. Por ello, los perfiles de los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que fueron seleccionados para ser monitoreados ilegalmente revelan los temores de quienes invierten y operan para indagar en sus comunicaciones. Vigilan a quienes encabezan la defensa de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, la denuncia de actos de corrupción multimillonarios, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a funcionarios públicos y políticos, la demanda de un sistema anticorrupción sólido sin designaciones a modo, la libertad de prensa, la administración de la seguridad pública en manos de civiles y no de militares, por mencionar algunas.
Las instituciones que participan en la vigilancia ilegal quedan también debilitadas. Quizá esta consecuencia no entra en el cálculo de quienes deciden invertir y operar el espionaje. Sin embargo, en un momento de urgencia para tejer puentes confiables entre líderes sociales y autoridades, estas intervenciones ponen en riesgo cualquier posibilidad de diálogo constructivo. Sucedió ya con el proceso de selección del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, en el que los grupos de sociedad civil con mayor experiencia en la materia abandonaron su participación tras la evidencia de que algunos de sus integrantes y otros activistas habían sido víctimas de espionaje. La Feadle anunció ayer que abrió una carpeta por presunta intervención telefónica al conocer la nota periodística del New York Times. Los alcances de su investigación darán la pauta para medir si hay o no impunidad en este caso.
Se suma a la lista un evento más que evidencia la urgencia de contar con una Fiscalía General con plena autonomía. M