Urbanización irracional frena rescate del patrimonio
Solicitan a Seduvi la información del deterioro de monumentos y obras para evitar la pérdida de la riqueza artística en la Ciudad de México
Existen diversas prácticas que frenan la protección del patrimonio artístico, histórico y cultural de la Ciudad de México”, opina la diputada local Dunia Ludlow Deloya, quien recientemente promovió en el pleno de la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, un informe integral y pormenorizado sobre las fortalezas, debilidades institucionales, normativas, técnicas y operativas del patrimonio histórico de la capital, a fin de evitar su deterioro y destrucción.
Entre las prácticas que menciona la legisladora están “la descatalogación deliberada de inmuebles; la falta recursos institucionales, legales, materiales, operativos y humanos para su protección, y la frecuente intervención agresiva por parte de los desarrolladores”.
Con su equipo, Ludlow ha trabajado el tema desde 2015, ante la consideración de que no existe un marco legal para la protección de este patrimonio, especialmente el que pertenece al siglo XX.
El caso más reciente es el abandono del mural Los grandes valores nacionales de México (1973), del artista plástico Ángel Boliver, caso en el que, al parecer, hay un vacío legal que dificulta su rescate, como ha documentado MILENIO. Por ello, un primer paso para solucionarlo sería crear una base de datos sobre el deterioro del patrimonio histórico de la Ciudad de México.
Para Leticia López, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el caso más emblemático de los últimos años es la errónea intervención de El Caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV del arquitecto Manuel Tolsá, pieza de suma importancia internacional. No es posible que los restauradores pusieran en tal riesgo dicha escultura y que ahora cueste tanto dinero su recuperación. Eso es ignorancia y cuesta”, dice.
Por antecedentes como esos, la diputada considera que hay muchos otros elementos patrimoniales en riesgo: “Esta ciudad cuenta con 176 polígonos con valor histórico, cultural, arquitectónico, paisajístico y arqueológico; tiene mil 809 inmuebles con valor arquitectónico catalogados por la Seduvi, además de mil 408 inmuebles registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”. Su propuesta contempla solucionar algunos de estos vacíos con “la elaboración del catálogo único del patrimonio arquitectónico, artístico e histórico, lo que evitará confusión y negligencia en su conservación”.
En opinión de López, un recuento de este tipo “sería fundamental para saber con qué contamos y poder darle seguimiento puntual. No debe perderse de vista que para su elaboración debe haber una intervención multisectorial, para que la protección no se convierta en un coto de poder o en acciones discrecionales”.
Al presentar el punto de acuerdo con el propósito de solicitar la información a la Seduvi, Ludlow argumenta: “El arte está presente en los monumentos y forma parte de la identidad de los mexicanos. El Centro Histórico de la Ciudad de México es el principal destino del turismo cultural que visita América Latina, así que debemos avanzar hacia políticas de vanguardia dirigidas a valorar nuestra historia y construir un mejor presente para alcanzar un mejor futuro”.
Actualmente el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México es el órgano que se encarga de autorizar la instalación, reubicación y remoción de monumentos históricos y artísticos, pinturas murales, esculturas y piezas de arte en los bienes de dominio público de la capital del país.
Es un comité que funciona como coordinador, asesor y consultor del jefe de Gobierno en materia de monumentos históricos y artísticos a incorporarse, reubicarse o removerse en los inmuebles de la Ciudad de México, que tengan el carácter de bienes del dominio público.
Por su parte, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera destacó que este punto de acuerdo sustenta el tema, que corresponde a lo estipulado por el numeral tercero del artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor en septiembre de 2018, y que establece la obligación de registrar y catalogar el patrimonio histórico material, inmaterial, urbano, cultural, natural, rural, urbano y territorial. “Este punto de acuerdo —dijo— va en avanzada, y necesitamos tener la información para concretar lo estipulado en la Constitución local”, reiteró Suárez de Real. M