Enfermeros de las FARC dejan los fusiles y toman las batas
Cuba ofreció a los rebeldes 500 becas para estudiar medicina
Realizaron intervenciones quirúrgicas en la selva, entre escaramuzas y combates. Ahora, que están dejando sus armas en cumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia, “enfermeros” de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quieren estudiar para dedicarse a la medicina.
El caso más difícil que tuvo que atender Johana Japón en sus 17 años como “enfermera” en las filas de las FARC fue el de un guerrillero herido por arma de fuego a la altura de los intestinos y cuya cadera fue prácticamente destruida por el impacto de bala: “Tenía astillas del hueso que le rompían el intestino delgado; tuvieron que operarlo unas tres veces y, al último, tenía que quedarse con los intestinos afuera y nos tocaba echarles agua, mantenerlos húmedos (...) Nos tocó sacarlo de emergencia de donde estábamos porque llegó el Ejército y a los dos días murió”, relató Japón, de 35 años.
Esta mujer, que se unió a las FARC tras dejar sus estudios de bacteriología porque su mamá se quedó sin trabajo y no podía pagárselos, es de los 500 guerrilleros concentrados en la localidad de Colinas, en Guaviare, uno de los 26 puntos donde los 7 mil rebeldes dejan sus armas en manos de la ONU y transitan hacia la vida civil.
Ahora, además de colaborar con la doctora designada en esta zona de concentración, Japón hace el papeleo para optar a una de las 500 becas que el gobierno de Cuba ofreció a los guerrilleros interesados en estudiar carreras médicas en la isla.
Mauricio Jaramillo, miembro de la cúpula de las FARC y uno de los guerrilleros que instruyó a Japón en procedimientos médicos, dijo que las becas de Cuba “son la oportunidad de oro” para los rebeldes que ejercieron en la práctica la profesión en el marco del conflicto armado de más de medio siglo.
Aseguró que no solo los guerrilleros, que en su mayoría ven difícil el acceso a las becas por carecer de estudios de bachillerato, podrán aprovechar el ofrecimiento: “Hay muchos que tienen hijos (...) jóvenes y quieren estudiar medicina”.
Jaramillo, cuyo nombre es Jaime Parra, a quien llaman El médico, fue uno de los encargados de hacer crecer el sistema de salud de las FARC, que tuvo su apogeo en el año 2000, cuando incluso tenían un hospital con capacidad para 300 pacientes.
Contó que en esos años prepararon a 150 enfermeros, quienes aprendieron en plena guerra de laboratorio, cirugía, trauma y otras especialidades. m
El lunes de esta semana cuatro organizaciones sociales —Citizen Lab, Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC— dieron a conocer el informe “Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” y crearon el #GobiernoEspía; ese mismo día, el diario estadunidense The New York Times publicó un reportaje basado en ese informe. Según ambos documentos, el gobierno mexicano gastó alrededor de 80 millones de dólares para adquirir el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y a través de él habría tratado de intervenir, de manera ilegal, los teléfonos móviles de periodistas y defensores de derechos humanos. De esos documentos es obligatorio leer el informe (https:// articulo19.org/wp-content/ uploads/2017/06/Reporte-Gobierno-Espi%CC%81a-Final.pdf); en él, aparte de la descripción pormenorizada de momentos y contextos en los que se habría tratado de “infectar” teléfonos móviles, hay elementos que hacen incontrovertible la posesión del mencionado software por parte del gobierno.
En la página 67 del documento se reproduce la respuesta que la Procuraduría General de la República (PGR) dio el 10 de octubre de 2016 a una solicitud de acceso a información pública en la cual se le pidió confirmara la adquisición de “cualquier software desarrollado por la firma NSO Group o alguna de sus filiales y/o subsidiarias”, la cantidad de dinero erogada para adquirirlo, la utilización del mismo, los nombres de los funcionarios involucrados en la firma de los contratos respectivos y la “versión pública” de éstos. La respuesta fue que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR “localizó la información solicitada”, pero está “clasificada como reservada” y “podría permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años”. Es decir, el gobierno sí adquirió software de NSO Group, pero “no puede revelar su uso”.
El tema de la adquisición de “software de espionaje” por parte del gobierno no es nuevo, se viene discutiendo desde hace al menos un lustro; en 2015, por ejemplo, se publicó la versión de que 16 gobiernos estatales y algunas agencias gubernamentales habrían gastado en conjunto más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años para adquirir el “software espía” conocido como Da Vinci a la empresa italiana Hacking Team. En esa oportunidad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó la adquisición del software, pero, dijo, “fue comprado en la administración pasada”. Desde el punto de vista de la comunicación, la reciente denuncia contra el gobierno mexicano por el uso ilegal de “software espía” es interesante porque logró “salir de internet” y hacerse visible en todo el ecosistema de medios. Las anteriores denuncias prácticamente permanecieron en la red, fueron retomadas en algunos medios impresos, pero no llegaron con fuerza a la radio y la televisión, medios todavía importantes para dar mayor “visibilidad” a una noticia. En esta ocasión la denuncia llegó a la portada de The New York Times —es decir, ingresó al espacio informativo al que más teme el gobierno mexicano: la difusión internacional— y de ahí pasó a los medios mexicanos.
Precisamente por el tamaño del golpe el gobierno trató de minimizarlo: la respuesta inicial no estuvo a cargo de Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, sino de un funcionario de tercer nivel dentro de la jerarquía de la Coordinación de Comunicación Social, el director de Medios Internacionales, quien envió “al editor” de The New York Times una carta donde afirma que en el texto publicado “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje…”. El martes, en Sinaloa, un funcionario de primer nivel, el secretario Osorio Chong, presionado por periodistas de ese estado, “rechazó” que el gobierno espíe a profesionales de la información o a defensores de derechos humanos.
Aparentemente los funcionarios de primera línea solo darán la cara si el problema crece. Quizá el gobierno pueda combatir ese crecimiento; lo que probablemente no podrá hacer es disminuir la percepción social de que el espionaje ilegal aumenta en el país. A ver qué dicen las encuestas que en tal sentido se hagan. m