Exhorta ONU a aclarar qué instituciones usan Pegasus
Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado dice que las acusaciones son “especialmente graves” por el papel que desempeñan los afectados en un Estado democrático
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, exhortó a las autoridades a aclarar qué instituciones públicas cuentan con recursos tecnológicos utilizados en el espionaje, de qué manera los emplean y qué medidas adoptaron para garantizar su control.
Jarab también pidió a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que verifique permanentemente que los servicios de inteligencia cumplan las leyes vigentes y las normas de derechos humanos, además de que utilicen de manera adecuada los fondos públicos.
Al condenar los actos de espionaje y acoso contra periodistas y activistas, revelados en una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dijo que estos hechos resultan “especialmente graves” por el papel que desempeñan estos actores en un Estado democrático.
Consideró que utilizar tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten su uso ilegal.
Recordó que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos organismos interna- cionales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del Ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas.
En tanto, las reacciones por este caso continuaron ayer en la Cámara de Diputados, donde la presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por “la gravedad y urgencia del caso”, instó al organismo a solicitar de manera inmediata al Estado mexicano medidas cautelares para prevenir la intervención de comunicaciones a periodistas, activistas y políticos de oposición.
Velázquez solicitó a la CIDH una visita de alto nivel a México para constatar las denuncias de espionaje y, de proceder, designe una relatoría especial. “Exigimos una investigación exhaustiva y castigo a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas”, puntualizó.
Por separado, el vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Omar Ortega, pidió aplicar auditorías a los programas presupuestales de seguridad en materia de compra de herramientas de espionaje digital y que Gobernación explique su “ilegal actuación”.
Lamentó que el gobierno federal e incluso autoridades locales, como las del Edomex desvíen presupuesto para estas prácticas propias de regímenes totalitarios, cuando hay más de 50 millones de pobres con múltiples necesidades por atender.
En el Senado, más de 141 organizaciones sociales presentaron un escrito para exigir que el gobierno federal explique si compró el software Pegasus para espiar a ciudadanos, sancione a los responsables y expida reformas para frenar estas acciones.
En el escrito, firmado por la Red Todos los Derechos para Todos, entre otras, acusaron que el espionaje se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación contra defensores de derechos humanos y periodistas, mismo que constituye “una forma de control de los flujos de información y de uso de poder”.
Demandaron a las autoridades rendición de cuentas sobre el uso de malware e inicie investigaciones exhaustivas y transparentes contra quienes vulneraron ilegalmente la privacidad de estas personas. “Exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos garantizando la rendición de cuentas”, afirmaron en el documento, que fue leído por el sacerdote Miguel Concha. m