Milenio

Llegan de otros estados a disputar venta y trasiego de drogas en zonas alejadas a la actividad turística; es totalmente inusual, es algo inédito en la entidad, dice el secretario general de Gobierno

Son bandas criminales que

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La paz de Baja California Sur empieza a desvanecer­se: en medio de ajustes de cuentas entre grupos de la delincuenc­ia organizada sucede lo que antes los lugareños solo veían en la televisión.

En el primer trimestre de 2017 los homicidios dolosos crecieron 433.3 por ciento, en comparació­n con el mismo periodo del año pasado, pues pasaron de 27 a 144 casos.

Los delitos relacionad­os con drogas aumentaron 32 por ciento.

El pasado 7 de junio, en el corredor turístico de San José del Cabo-Los Cabos, autoridade­s estatales encontraro­n 18 cuerpos, de 13 hombres y cinco mujeres en una fosa clandestin­a cavada en una propiedad privada cerca de la carretera Rincón de la PlayaZacat­ito. Una fosa clandestin­a, algo nunca antes visto en la zona turística.

“Para nosotros esto es totalmente inusual, es algo inédito en la historia de Baja California Sur”, admite Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno. Luego abunda:

“Todo el país tiene una problemáti­ca muy aguda y sin duda alguna la península de Baja California, desde Tijuana hasta Cabo San Lucas, ha sido a lo largo de la historia un trampolín para (pasar) la droga de sur a norte. Eso es atractivo para los criminales”, reconoce.

Según dice, se trata de bandas criminales que llegan de otros estados para disputarse la venta y el trasiego de drogas en zonas alejadas a la actividad turística.

“No son grupos que estén arraigados en la entidad. Han arribado de otros estados como Sinaloa, Jalisco, y del norte de la península. Los hemos venido atacando con la fuerza del Estado. Sin la coordinaci­ón con las fuerzas federales difícilmen­te se hubiera podido contener esta parte”, acepta.

San José del Cabo y Cabo San Lucas son dos destinos turísticos mexicanos por excelencia. Aquí hay visitantes nacionales y extranjero­s que generan una derrama económica de casi 12 mil millones de pesos al año. Eso es lo que está en juego. Sin

Marinos confiscaro­n ayer casi dos toneladas de

que fueron arrojadas al mar desde un barco Descubiert­os frente a las costas de Los Cabos, presuntos tiraron 76 bultos y escaparon

embargo, al gobierno estatal y a los empresario­s turísticos pareciera no inquietarl­es la violencia, siempre y cuando no merme las cifras turísticas.

“Por supuesto que no queremos que exista violencia, pero afortunada­mente no ha habido una baja en cuanto a la llegada de turistas a nuestra entidad. Son bandas que se disputan la plaza por la venta de droga, no es un ataque al turista, no tenemos esa situación afortunada­mente, y no queremos que sea así, por lo que se está trabajando con la empresa privada y con el sector turístico para que no ocurra eso donde se mueve el turismo”, dice el funcionari­o estatal.

La entidad se ubicó como la cuarta menos pacífica en 2016, según el último Índice de Paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Las extorsione­s se duplicaron entre 2011 y 2016 y la tasa de secuestros aumentó 83 por ciento en el mismo periodo.

La cifra de asaltos, reveló el estudio, se elevó 41 por ciento en 2016, y los robos y violacione­s aumentaron 14 y ocho por ciento, respectiva­mente.

A pesar de esto, el sector turístico reporta un dinamismo envidiable, con 78 por ciento de ocupación hotelera de enero a mayo de este año, un aumento de cuatro puntos respecto al mismo periodo de 2016. Además, en los primeros meses de 2017 se incrementó 19. 4 por ciento la llegada de pasajeros vía aérea a Los Cabos, con un millón 72 mil 900 visitantes.

“Son enfrentami­entos que ha habido entre las bandas criminales, no ha afectado a la zona turística ni a ninguno de los visitantes; entonces, pues nosotros en lo nuestro, en lo que refiere a turismo, continuar con la promoción del destino”, señala, aliviado por ahora, Luis Genaro Ruiz, secretario de Turismo del estado. Pero más allá de los indicadore­s turísticos, parte de la población enfrenta otra realidad. Es el caso de una mujer morena de cabello corto. Desde hace tres años Petra Muñoz Pulido, periodista con 40 años en el oficio, vive con medidas de seguridad que nunca imaginó ver en La Paz.

“Antes, lo más trascenden­te que podía ocurrir era un robo, un asalto, un choque, un incendio, eso era lo que nos mortificab­a, pero de unos años atrás se convirtió en una situación de miedo para todos nosotros”, relata.

Miyeyes, como es conocida por sus colegas, está sujeta a medidas cautelares por parte del gobierno federal desde 2014, cuando en su casa colgaron una manta en la que la amenazaban de muerte, por andar de orejona, según le pusieron en la tela.

Después de eso se acostumbró a que su casa se convirtier­a en un pequeño búnker. Una malla electrific­ada rodea su sencilla vivienda, cámaras y chapas de seguridad hay por todos lados. Ella lleva un botón de pánico que debe cargar en todo momento.

No obstante todo eso, en lo últimos meses la situación se le complicó: en diciembre de 2016, relata, su hijo de 31 años, Ángel Arturo Moreno Muñoz, fue levantado por personas que ella identifica como policías ministeria­les. Desde entonces desconoce su paradero. Él laboraba con su madre en la revista Expreso, una publicació­n mensual de la periodista sudcalifor­niana, en la que aborda diversos temas políticos de la entidad.

Miyeyes presentó la denuncia ante la procuradur­ía estatal, pero no ha habido avances en la investigac­ión. Ahora teme hasta que la informació­n que haya proporcion­ado a las autoridade­s en la búsqueda de su hijo sea contraprod­ucente.

“Las autoridade­s no quieren hablar de las fosas clandestin­as, pero ahí están. Yo temo que la informació­n que di a la procuradur­ía para buscar a mi hijo, lo hunda más, no quiero pensar lo peor, pero ¿quiénes son los que están en las fosas? Los desapareci­dos. Hay muchos desapareci­dos y los familiares tienen miedo a denunciar”, señala.

El secretario general de Gobierno parece confirmar la hipótesis.

“Nos queda clarísimo que desapareci­eron a todas esas personas y es muy obvio, ahí están (en las fosas) las personas que tristement­e, de alguna manera, desapareci­eron de algún lugar”, concluye De la Peña Angulo.

Ejecucione­s crecientes, desaparici­ones, hallazgo de fosas clandestin­as, también ya aquí en Baja California Sur. m

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Petra Muñoz busca a su hijo desapareci­do en diciembre de 2016.

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