¿Qué imputan a los espiados? ¿O es su gen facho?

El miércoles pasado, gracias al reporteo de mi compañero Carlos Puig, dimos a conocer en MILENIO datos adicionales a los que ya se sabían por el trabajo de Citizen Lab: supimos, por un acta administrativa cuya copia obtuvo Carlos, que, efectivamente, la Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el malware Pegasus durante la gestión de Jesús Murillo Karam, pero que el software quedó instalado hasta marzo de 2015, días después de que él fue corrido, y cuando Arely Gómez ya era procuradora.

La fecha exacta de adquisición del programa y su costo los supimos el mismo miércoles, 46 minutos después del noticiero de Puig, cuando Denise Maerker dio información adicional en su espacio: fue el 29 de octubre de 2014, con un pago de 32 millones de pesos.

Gracias a lo de Puig supimos también que en un inicio, de marzo hasta noviembre de 2015, quien tuvo operatividad sobre el bicho fue el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que depende de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En ese tiempo era comandada por Tomás Zerón.

A partir de noviembre, la procuradora decidió concentrar Pegasus. El operador del programa fue Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien era precisamente jefe de la Oficina de la Procuradora, y que actualmente trabaja en la Secretaría de la Función Pública, de la que ella es titular.

Al desmenuzar el acta de cuatro páginas nos enteramos que 25 personas fueron capacitadas para operar Pegasus y que el usuario (PGR) tenía el poder de intervenir (espiar) simultáneamente a 500 “objetivos”.

Al día siguiente, Arely Gómez confirmó que la PGR sí utilizó Pegasus durante su gestión, pero que siempre lo hizo “apegada a la ley”. No abundó más, pero eso quiere decir que, de ser cierta su afirmación, hubo jueces que otorgaron permisos judiciales para espiar a quienes hayan espiado, o a quienes hayan intentado espiar los agentes de la PGR bajo órdenes de Ramírez Gutiérrez.

Lo que no sabemos hasta hoy es si fue la PGR la que procuró intervenir los teléfonos móviles (fueron intentos, no se logró, según el informe de Citizen Lab), o si fue gente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la Secretaría de Gobernación; o bien, si se trató de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque en ambos lugares cuentan con Pegasus, según Citizen Lab. O si fue alguien más: por ejemplo, 12 gobiernos estatales también tienen Pegasus, de acuerdo con la columna de Carlos Marín del viernes pasado, que cita a Animal Político.

Pero lo que creo que es más importante saber, si concediéramos el argumento invocado por la ex procuradora —el de la supuesta legalidad, razón que alegarán también el Cisen y la Sedena—, es qué argumentos jurídicos dieron a los jueces quienes solicitaron esos espionajes: qué imputaciones sustentadas en qué evidencias tenían contra los afectados. Y qué argumentos esgrimieron los jueces para conceder esas intervenciones.

O no tenían nada contra nadie y simplemente dieron rienda suelta a su chip autoritario y represivo: espiamos sin orden judicial a quien nos venga en gana porque se nos da la gana. Así, con su gen facho a todo lo que da. Pregunto… M