PF: sistema de justicia, “un gran avance”, pero necesita ajustes
El actual modelo “no es para funcionarios incompetentes ni holgazanes”, pues hay estados que buscan excusas para que no funcione, señala el especialista Guillermo Zepeda
En actos por separado, funcionarios y especialistas mantuvieron sus diferencias sobre el nuevo sistema de justicia penal, mientras legisladores plantearon la posibilidad de realizar foros para analizar el tema.
Ante senadores, Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, consideró que dicho sistema es “un gran avance”, pero es necesario hacerle ajustes para reforzarlo, sobre todo en el tema de la prisión preventiva a quienes portan armas.
Sin embargo, para el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, quien participó en la presentación de la undécima investigación de Impunidad Cero, el actual modelo acusatorio “no es para funcionarios incompetentes ni holgazanes”.
En el Senado, donde acudió al foro de ciberseguridad, Castilla puntualizó: “No habemos bandos de quienes estemos a favor o en contra. El sistema está ahí, es un gran avance para el país, pero queremos que sea mejor, que sirva a la víctima y que las policías profesionales sean capaces de construir casos que sean bien valorados”.
Se manifestó por analizar figuras penales, como aquellas relacionadas con la tasa probatoria para acreditar conductas que sucedieron en fracciones de segundo y que merecen una posibilidad de que los infractores sean procesados.
Respecto a lo dicho por algunos funcionarios de que el sistema tiene deficiencias, el comisionado de la PF señaló que la corporación es respetuosa del modelo, porque era una aspiración de toda la sociedad y representa un gran avance, pero “nos manifestamos por hacer lo que otros países han hecho: revisar aquellas figuras y circunstancias que pueden hacerlo mejor”.
Consideró que es perfectible en temas como la prisión preventiva a personas que porten armas de fuego de alto poder, ya que “nos resulta un poco complicado entender el que una persona que detenemos con armas como las Barrett, lanzacohetes o lanzagranadas” pueda enfrentar su proceso en libertad.
Puntualizó que están interesados en que se construya un mejor marco de derechos humanos, pero también uno enfocado en el policía, “que permita que la actuación eficaz termine, por lo menos, con una vinculación a proceso”. Mientras, el especialista Zepeda Lecuona aseguró que mientras unos estados han sabido desarrollar el nuevo sistema penal, otros buscan excusas para que no funcione.
Durante su participación en el acto que tuvo lugar en la sede de la fundación Este País, dijo no comprender la inconformidad del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y calificó de mentira la salida de 4 mil reos o que beneficie a aquellos detenidos por portación de arma.
“Se dice que ciertos delitos no son graves y que todas las personas que están presas por eso van a salir libres. Eso no es cierto. En el tema de portación de arma, antes de la implementación del nuevo sistema había mil casos, la mitad se iban a prisión preventiva y 80 por ciento de las sentencias eran de menos de tres años”, sostuvo.
Ejemplificó que si una persona es detenida con cuatro armas largas y se demuestra que tiene orden de aprehensión, antecedentes penales o que no es de la ciudad ni tiene domicilio conocido ni referencia laboral, un juez puede solicitar prisión preventiva por tratarse de alguien que puede fugarse o cometer un delito más grave.
“De eso se trata el nuevo sistema, de no atacar con escopeta, sino con precisión. Y la precisión se hace en la sala de audiencias. El nuevo sistema de justicia no es para funcionarios incompetentes ni holgazanes. Si no se sabe Una actuación eficaz de la policía debe llevar al menos a una vinculación a proceso, dice Castilla argumentar, querrán que se sigan subsidiando sus ineficiencias. “Entonces si tratamos a todas las personas que traen armas con esta visión de prisión preventiva oficiosa, vamos a hacer lo que parecía que queríamos evitar, que es llenar de personas pobres (los penales), porque los pobres están sobrerrepresentados en las cárceles”, insistió.
Zepeda Lecuona opinó que es incomprensible la postura de Mancera, ya que con el nuevo sistema la Ciudad de México registra el menor índice de impunidad en homicidios con 23 por ciento, mientras que la media nacional es de 79, además de que las disposiciones en el ministerio público son de 40 minutos, en tanto que en Jalisco son de seis horas y en Michoacán de ocho. Legisladores de PRI y PRD abrieron la posibilidad de modificar el Sistema Nacional de Ejecución penal, al plantear la necesidad de revisarlo en foros donde se expresen jueces, ministerios públicos, autoridades y especialistas, antes del próximo periodo de sesiones.
Durante la Primera Sesión de la Comisión Permanente, la senadora priista Graciela Ortiz dijo que ya hay experiencia nacional e internacional sobre la aplicación de este sistema, que ha sufrido ajustes, sobre todo para regular la famosa “puerta giratoria”, que permite a presuntos delincuentes salir de la cárcel.
En entrevista, abundó que es indispensable hacer la revisión, porque si el sistema continúa con deficiencias no le va a ser útil a nadie.
A su vez, el vicecoordinador de los diputados perredistas, Jesús Zambrano, dijo que su bancada está dispuesta a discutir el tema, no porque considere que está mal la legislación, sino para reforzar aspectos donde hay reclamos. m