Osorio pide confiar en proceso contra Duarte

“Hay que darle tiempo a la PGR, el asunto va iniciando”, dice el titular de Gobernación

El abogado Alfonso Ortega López, testigo clave del desvío de 350 mdp y la compra de ocho propiedades Niegan penalistas que la impericia de fiscales sea “factor determinante” para modificar el criterio de juez DUDA RAZONABLE ¿Quién cobró $7 millones por verificar la calidad del Paso Express? Carlos Puig

Una y otra vez, tropezamos con la misma piedra: el aparato de la justicia, en este país, no ha podido consumar siquiera su primerísima encomienda, a saber, la de establecer un auténtico Estado de derecho. ¿Cómo es que anhelamos desarrollarnos como nación si no contamos siquiera con las más elementales garantías? En Veracruz, el señor Duarte perpetró un descomunal saqueo de bienes públicos: miles de millones de pesos fueron, literalmente, robados a las arcas de la entidad. Pero, ¿hay manera de probar fehacientemente el quebranto para que se traduzca en un delito punible, sin necesidad de recurrir a otras figuras —la “delincuencia organizada” o la “operación con recursos de proveniencia ilícita”—, para que tamaño ladrón pase el resto de sus días pudriéndose en una cárcel?

Digo, si las señales de alarma no se encendieron en su momento y si, por las posibles complicidades del sátrapa con el poder central, no se procedió a aprehenderlo, pura y simplemente, antes de que terminara de desvalijar al estado “libre y soberano” que desgobernaba, ¿no podríamos, cuando ya está encerrado en una celda del Reclusorio Norte, tener la mínima certeza de que la Fiscalía de la nación “aportará elementos”, ahora sí, de indiscutible valor “probatorio” y de que realizará con solvencia las investigaciones? Ah, porque, ante la dejadez de nuestros fiscales (bueno, la incuria no se limita al ámbito judicial sino que pareciera ser, tal y como lo hemos visto en el suceso del “socavón”, un auténtico rasgo de identidad de nuestra Administración pública), lo primerísimo que podrán invocar los abogados del susodicho es que esto, lo de llevarlo ante los tribunales, es una “venganza política”, o algo así, y de clamar su inocencia.

Sabemos que la impunidad, esa nefaria epidemia que se traduce en el explosivo crecimiento de la delincuencia, resulta directamente de las insuficiencias y desperfectos de los ministerios públicos. Hay otra cosa, sin embargo: se advierte también una muy tibia disposición a aplicar las leyes desde mucho antes de que ocurra el desenlace jurídico final. Lo dicho: al ratero tendrían que haberlo parado desde un principio.