A 40 años de aquella huelga

“Esos fueron los días, mi amigo”, como decía la canción de Mary Hopkin que había estado en boga, a partir de 1968. Aquellos días de la entrada de la policía del DF a Ciudad Universitaria, el 7 de julio de 1977 a las cinco de la mañana y con una bengala de por medio, a la usanza del 2 de octubre, para romper la huelga que el STUNAM había detonado dos semanas y media atrás. El país vivía el primer semestre del sexenio de López Portillo, la crisis económica y social derivada del fin del mandato de Luis Echeverría, y los conflictos políticos de ahí provenientes, entre otros, la expresión del sindicalismo universitario en muchas de las casas de estudio superiores de la República.

1976 había cerrado con un crecimiento económico de 4.4 por ciento y una inflación de 27.2 por ciento (el primero por debajo y el segundo muy por encima de la media histórica de los últimos 30 años) y ese 1977 pintaba por el estilo (3.3 y 20.6 por ciento, respectivamente). El rector Soberón entraba en su segundo periodo y el STUNAM, integrado tres meses atrás a partir de la fusión del sindicato de empleados y el de académicos, le planteaba a la autoridad universitaria la demanda de su reconocimiento y la firma de un contrato colectivo de trabajo. Eran los días, como los calificaría tiempo después Raúl Trejo, de un “verano caliente” (Crónica, 5 de julio de 2002).

Los antecedentes de sindicalismo en la UNAM se remontan a los años cuarenta, especialmente en la Escuela Preparatoria, sin que prosperasen. La filosofía institucional postulada en esa materia era la relativa a la naturaleza específica del trabajo universitario, diferente a las relaciones obrero-patronales. Uno de los efectos del 68 fue, precisamente, el de cambiar dicha filosofía, misma que aunada al efecto demostrativo de la emergencia de sindicatos que se apartan del oficialismo (como la Tendencia Democrática de Rafael Galván), así como el notable crecimiento de las plazas de base del personal académico en las universidades, constituyen el caldo de cultivo de ese fenómeno en la UNAM. Además, el triunfo del sindicalismo universitario independiente en la UAM, en el verano del 76, alentaba la posibilidad de que el efecto se diera en otras IES. Todo ello estaba presente en esos días ante la reticencia de las autoridades universitarias.

Lo acontecido en aquellos momentos, los días de huelga y luego su rompimiento por la entrada de policías a C. U., es calificado de manera diferente según el papel que le toca desempeñar a los actores del conflicto. Desde la visión sindical, se trata de una lucha histórica, reivindicatoria del derecho de organización de los trabajadores universitarios, en que confluyen demandas gremiales (la firma de un contrato colectivo y la fijación de salarios de emergencia) y políticas (la universidad no es una empresa, pero la naturaleza del trabajo académico no implica que deba impedirse su derecho de asociación). En esa visión, las autoridades de la UNAM no buscaron la conciliación, sino una “ruta de colisión que condujo a la intervención policiaca” (Trejo).

Bajo la perspectiva de las autoridades, el juicio del rector Soberón es elocuente. Como lo expresa en su importante libro autobiográfico (El médico, el rector, 2015): a) “el sindicato se fue, por las vías de hecho, a un paro de actividades”; b) éste fue “un primer calambre” para el gobierno de López Portillo; c) hicimos una denuncia judicial y “se configuró el delito de despojo”; d) “entraron 14 mil policías desarmados a echar fuera a los paristas”; e) después de terminado el conflicto, la UNAM hizo “planteamientos viables para encauzar las inquietudes laborales por senderos compatibles con las funciones universitarias”.

Efectivamente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegal la huelga y la acusación de despojo ante la Procuraduría General de la República prosperó, de ahí a recuperación del espacio universitario por la policía. Los varios cientos de detenidos quedaron en libertad días después. Libres bajo fianza, seis de los dirigentes, notables todos ellos, fueron sometidos a proceso y amnistiados por López Portillo en septiembre de 1979. Como lo destaca uno de aquellos, José Woldenberg (“los sindicados que alevantó la tira”, Nexos, mayo 1, 1981), no obstante, dos años después, la causa había triunfado: el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal del Trabajo, consagrando uno de sus capítulos (XVII) al “trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley”.