El juicio de Javier Duarte
Independientemente de la atención que ha des- pertado en los medios de información la reciente extradición de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, lo importante será ahora el proceso que seguirá en territorio mexicano. Sería lamentable que Javier Duarte lograra evadir la acción de la justicia. El proceso inició mal; en su primera audiencia, los ministerios públicos encargados del caso evidenciaron su falta de preparación y de conocimiento.
Mañana vence el plazo legal para vincular a proceso a Javier Duarte. Nadie puede pensar en que obtendrá su liberación, sería un verdadero escándalo; pero sin duda, las carpetas de investigación en su contra adolecen deliberadamente de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva, lo cual es muy grave, porque sería una burla a la sociedad y a los veracruzanos; por su parte, el gobierno federal, priista, se daría un tiro en el pie, porque recibiría un duro golpe a su ya maltrecha credibilidad.
¿Por qué el gobierno ha decidido jugar al aprendiz de brujo y administrar políticamente la detención de quien fuera uno de los símbolos del nuevo PRI? Está claro que lo mantendrán en prisión hasta después de las elecciones de 2018. Lo necesitan tener controlado para evitar que comience a declarar cosas que comprometan al gobierno federal y al PRI como partido. Para poder cometer los delitos por los cuales se le acusa, Duarte debió de contar con una red de corrupción y complicidad que necesariamente incluye a instancias y servidores públicos federales, así como a dirigentes partidarios en todos los niveles. ¿Cuántos millones de pesos desvió este ex gobernador a su partido? Si esto se
Ycomprueba, el PRI tendría que perder su registro como partido nacional.
Por otra parte, el gobierno federal también debe controlar a Javier Duarte para que pueda declarar contra Andrés Manuel López Obrador. Desde el año pasado quedó claro que una variable en la estrategia gubernamental para tratar de frenar a López Obrador y a Morena en el proceso de sucesión del siguiente año consiste en utilizar a este ex gobernador. Esto ya lo intentó hacer el PRI en el contexto de las elecciones del año pasado y ahora con Duarte en prisión resulta obvio que lo volverán a utilizar valiéndose del interés mediático que este caso ha despertado.
Hasta el momento dieciséis ex gobernadores enfrentan algún proceso por acusaciones durante su gobierno, ya sea que están presos, prófugos o sujetos a investigación. De esta manera los mandatarios estatales se han convertido en la cara de la corrupción en nuestro país. ¿Por qué la mitad de los gobernantes estatales se encuentran bajo proceso? Se trata de un fenómeno de naturaleza humana o de fallas estructurales. Lo cierto es que desde el gobierno federal los dejaron ejercer el poder a su antojo y en sus entidades no existen controles democráticos, porque los gobernadores controlan los congresos y establecen un cerco sobre la disidencia política y los medios de comunicación; por estas razones, es necesario que en 2018 arribe al poder un proyecto transformador de la vida pública. M