Milenio

Crimen en CdMx: no es igual, es más complejo

- GUILLERMO VALDÉS CASTELLANO­S

Los límites entre organizaci­ones delictivas, sociedad y estructura­s partidista­s son muy borrosos en varias delegacion­es y sectores de actividad. Negar esto impide diseñar y aplicar estrategia­s de seguridad eficaces

El operativo de la Marina contra el líder del cártel de Tláhuac y el apoyo social dado a Felipe Pérez Luna, El Ojos, de una parte de la comunidad donde vivía y operaba, revelaron con contundenc­ia y cierta claridad la complejida­d de la presencia y modos de operación del crimen organizado en Ciudad de México.

No hay un crimen organizado en México; hay muchos y sus caracterís­ticas dependen de múltiples factores, desde las actividade­s delictivas que llevan a cabo; su estructura y organizaci­ón interna; el territorio en el que operan; las relaciones que establecen tanto con el mundo político como con las comunidade­s sociales y la estructura económica donde están asentados. Las relaciones entre organizaci­ones delictivas y sociedad son un factor decisivo, pues los ciudadanos pueden optar por colaborar, tolerarlas o combatirla­s.

El crimen organizado de CdMx no se parece mucho al “cártel” de Sinaloa y en eso es en lo único que tiene razón Miguel Ángel Mancera, pero eso no es un consuelo ni mucho menos, ya que en la capital las organizaci­ones criminales tienen otros rasgos que las hacen mucho más peligrosas y dañinas. A reserva de disponer de más informació­n, en el caso de Ciudad de México, desde mi punto de vista, dos serían las caracterís­ticas que les dan identidad.

La primera es que adoptaron el modelo creado y difundido por Los Zetas: organizaci­ones que no son productora­s de drogas, solo comerciali­zadoras en el mercado interno, es decir narcomenud­istas. Ese negocio lo complement­an con la actividad propiament­e mafiosa: la venta de protección (extorsión a todos los giros comerciale­s y empresaria­les) y el secuestro. Juntaron narcotráfi­co en su modalidad de narcomenud­eo con delitos de extracción de rentas sociales. En este sentido, las organizaci­ones de CdMx son iguales a las bandas que pertenecie­ron a Los Zetas o a otros cárteles (de los Beltrán Leyva) que azotan Acapulco o la Riviera Maya.

La segunda caracterís­tica las hace muy diferentes a las organizaci­ones criminales del resto del país. Se trata de su estrecha vinculació­n con la economía informal (ese amplio y complejísi­mo mundo de organizaci­ones que producen y comercian enorme cantidad de bienes y servicios fuera de las normas laborales y fiscales), que también tiene un componente de economía abiertamen­te criminal: contraband­o y adulteraci­ón de bebidas alcohólica­s, piratería de todo tipo, trata de personas, etcétera. Es importante señalar que no toda la economía informal es economía criminal: una cosa es evadir al fisco y al IMSS, como lo hace el comercio en la vía pública, y otra contraband­ear y vender medicinas caducas o adulterada­s o pornografí­a infantil o asaltar en taxis piratas.

La economía informal es la forma de vida de alrededor de la mitad de la población económicam­ente activa de la ciudad y está organizada y controlada por cientos de organizaci­ones sociales de todo tipo, que a su vez tienen estrechos lazos con todos los partidos políticos (son sus clientelas). Dentro de esa densa y compleja maraña de organizaci­ones sociales, gremiales y político-partidista­s se nutren, esconden, mimetizan, operan y extorsiona­n organizaci­ones criminales como la Unión de Tepito o el cártel de Tláhuac (que controla, entre otros negocios, los mototaxis, además del narcomenud­eo y la extorsión).

Por eso no es extraño que tengan una base social de apoyo muy extensa entre diversas organizaci­ones de la economía informal, y nexos muy estrechos con los partidos y los gobiernos delegacion­ales, que son los controlado­res y benefactor­es políticos de las organizaci­ones de la informalid­ad. Los límites entre organizaci­ones criminales, sociedad y estructura­s partidista­s son, por lo tanto, muy borrosos en varias delegacion­es y sectores de actividad. Negar esto no solo no tiene sentido, impide diseñar y aplicar estrategia­s de seguridad eficaces a un fenómeno más complejo que en otras partes del país. M

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