Comprometedoras omisiones Está por verse la investigación que deban hacer las autoridades sobre el llamado socavón
En Coahuila el problema no fue el gasto de campaña, sino 17% de los paquetes electorales que no llegó al PREP porque se manipularon con el concurso de la fuerza pública. La compra de autoridades no guarda antecedente
La omisión parece ser el signo de los tiempos. Muchos de los problemas que ahora golpean la confianza pública en las autoridades tienen que ver con la omisión, una manera de dejar que el tiempo por sí mismo resuelva, o como se sospecha en la delegación Tláhuac, una forma de colusión con criminales. El deterioro de la imagen presidencial tiene que ver con la respuesta a destiempo de muchos serios problemas. Las autoridades, en general, revelan lentos reflejos para responder ante los problemas. A manera de ejemplo, la omisión estuvo presente en el crimen de Iguala, una de las tragedias que mayor impacto ha tenido dentro y fuera del país; el gobernador Aguirre y sus colaboradores sabían del problema, se dejó pasar y eso llevó al peor de los infiernos.
La omisión es la cara opuesta de la responsabilidad. Actuar en forma y tiempo es una manera obligada de encarar los múltiples frentes abiertos que ocupan las autoridades. Con frecuencia la omisión se asocia a una cuestión de la legalidad en dos dimensiones: la incapacidad de las autoridades de salvaguardar derechos y el de la justicia para dirimir diferencias o hacer valer la ley frente al infractor. Actuar desgasta, mucho más no hacerlo. Los problemas no se resuelven con el tiempo, se acrecientan, se vuelven inmanejables y hace que se imponga lo reactivo. La lentitud de respuesta cobra peso frente a una sociedad que vive en tiempo real resultado de la comunicación digital.
Los tiempos delante obligarán a una actitud radicalmente distinta hacia la responsabilidad. Actuar a tiempo es fundamental para la comunicación. El costo de la omisión ha sido muy elevado para el gobierno de la República y también para la política. Dejar correr las cosas tiene su origen en la dificultad para hacer valer la ley. Habrá de recordarse la manera como al gobierno de la transición de Vicente Fox, a pesar del amplio apoyo con el que inicia su gobierno, la resistencia de los pobladores de Atenco le llevó a cancelar el proyecto del Aeropuerto de la Ciudad de México. Esto impactó en lo subsecuente; a pesar del aval público del nuevo gobierno y de la legalidad obligada, la omisión se volvió norma de conducta.
En un capítulo reciente, la omisión en la que el gobierno y el PRI incurrieron para dejar que el gobernador de Coahuila se impusiera en la definición de candidato y del desarrollo de la elección llevó al precedente ominoso de un proceso electoral que ahora por igual pone en jaque al INE que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, situación grave por la proximidad del proceso electoral de 2018. En Coahuila el problema no fue el gasto de campaña, sino 17% de los paquetes electorales que no llegó al PREP porque fueron manipulados con el concurso de la fuerza pública. La compra de autoridades y representantes electorales no guarda antecedente. El Tribunal ahora se ve ante la necesidad de ganar credibilidad a pesar de la insuficiencia de los impugnadores de la elección. Por su parte el PRI se ve obligado a defender un proceso pleno de irregularidades y a un gobernador que expresa lo que ya no se quiere.
Está por verse la investigación que deban hacer las autoridades sobre el llamado socavón. Por lo pronto la SCT ha identificado anomalías, fallas y omisiones en la construcción del Paso Express de Cuernavaca, por lo que las empresas constructoras Aldesa y Epcor podrían enfrentar serias responsabilidades. También el problema apunta hacia las autoridades locales de protección civil; la omisión para un rescate pronto llevó a la muerte de dos personas. La omisión de las autoridades municipales en el desazolve del drenaje pluvial también contribuyó a la tragedia.
En Jalisco se incuba uno de los problemas más serios, que seguramente habrá de ser dolor de cabeza para el gobernador Aristóteles Sandoval, especialmente cuando deje el cargo, y tiene que ver con la situación del Poder Judicial y la venta de justicia. Son reiteradas las quejas sobre casos de aplicación parcial de la ley. Un caso emblemático es el de Jorge Vergara, dueño del equipo de futbol Chivas, quien por igual se sirve con justicia a modo para desentenderse de contratos como con Bimbo, imponerse sobre Televisa y que se giren órdenes de aprehensión amañadas contra su ex cónyuge para obligarla a un acuerdo económico en un despojo anunciado. El gobernador no puede asumirse ajeno al tema; Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara y posible sucesor, también deberá tener presente la relación tóxica con el cuestionable empresario Jorge Vergara.
El deterioro de la política es lo de hoy día. La omisión es el origen de mucho de nuestros males. M