La ceguera de la Ley de Seguridad Interior

Los problemas de visión para promover una Ley de Seguridad Interior deben ser reconocidos antes de que cualquier legislador atienda la “urgencia” de aprobar un mandato que podría gestarse en la ilegalidad: No se reconoce el marco jurídico que impide explícitamente a las fuerzas armadas encargarse de las tareas de seguridad pública. Pretenden que el Congreso legisle sobre “seguridad interior” violando la Constitución que faculta solo al Poder Ejecutivo en este tema y en condiciones vinculadas con “defensa exterior”. Suficientes expertos han planteado la falta de evidencia que explique el despliegue de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado. Al día de hoy, siguen sin presentarse cifras que demuestren la hipótesis de que una guerra contra el narco reduce la violencia y la impunidad. El hermetismo con el que se ha mantenido la negociación de las iniciativas impide que se conozca el alcance de las cláusulas que facultarán a las fuerzas armadas a salvaguardar la seguridad pública.

¿Hay alguna prescripción profesional para contrarrestar la ceguera?

Frente a estas fallas graves de visión, el colectivo Seguridad sin Guerra ha trabajado en alternativas legales y sustentadas que respetan sin excepción el marco jurídico constitucional e internacional. Para ello propone la regulación y aplicación de los artículos 29 y 119 de la Constitución, en la adopción de medidas excepcionales.

Recomienda entonces, no posponer más la profesionalización de las policías civiles, con un acuerdo político que formalice sistemas de control democrático y rendición de cuentas, con un permanente acompañamiento social. Consideran indispensable garantizar la viabilidad económica, destinando los recursos ahora asignados a Sedena y Semar para atender la seguridad pública, a la reconstrucción integral de las policías.

Con un plan calendarizado por cada entidad federativa en un plazo razonable, Seguridad sin Guerra propone además administrar paulatinamente la desmilitarización de la seguridad pública, de modo que las autoridades municipales y estatales asuman el mandato constitucional que los responsabiliza.

Además, promueven el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública, para que se reorganice y construya políticas de seguridad basadas en evidencia. Incluyen en la prescripción la necesidad de cumplir la recomendación del Alto Comisionado de la ONU, para establecer un Consejo Asesor en derechos humanos y combate a la impunidad.

Legislar sin considerar estas alternativas sería irresponsable. M