Julión y el Presidente

Horas antes de que la OFAC, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciara la operación más grande contra una red de narcotráfico en México, el presidente Peña estaba en el Cañón del Sumidero con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y con Julión Álvarez, uno de los cantantes más populares del país.

Del recorrido hubo varios registros: el gobernador subió fotos a redes, lo mismo el Presidente. Incluso hubo un video en el que se le pedía a Álvarez que sonriera para la cámara.

El martes por la noche, la evidencia comenzó a desaparecer. Velasco cambió la foto con Álvarez por una con Peña. En las redes del Presidente ya no había rastro alguno: Álvarez, a quien hace dos años describió como “un gran ejemplo para la juventud mexicana”, ahora no existía.

Todo porque el cantante de “Ni diablo ni santo” acababa de ser sancionado por su asociación con Raúl, El Tío Flores, presunto narcotraficante detenido desde el 20 de julio por el gobierno mexicano y actualmente bajo proceso de extradición a Estados Unidos.

El equipo de Peña reaccionó de manera repentina y atropellada, desprevenido frente a una investigación que llevaba en curso por lo menos siete años, y en la que han participado diversas autoridades mexicanas a lo largo de dos sexenios. Es cierto que el Presidente no puede estar enterado de absolutamente todo lo que sucede en el país. Pero una acusación de esta magnitud, que involucra a alguien de la fama de Álvarez, así como al capitán de la Selección Nacional, debió de haber prendido un foco rojo en Los Pinos. Alguien, alguien, le debió de haber dicho a Peña que Julión Álvarez era radiactivo.

Pero no. Se dirá que son estilos de gobernar, pero el sexenio pasado la PGR informaba, por lo menos una vez a la semana, al Presidente sobre asuntos de este calibre. Con el gobierno actual, por lo visto, es distinto.

Y la consecuencia ahí está. El gobierno sufre, una vez más, en el único lugar donde le duele: en su imagen.