Imposible, un fiscal general transexenal
Las pretensiones de que en este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se apruebe la Ley de la Fiscalía General de la República, y con esto el actual procurador general se convierta de manera automática en fiscal general por los próximos nueve años, resultan inaceptables.
El problema está en todas las deficiencias que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido a lo largo de los últimos años, que hacen imposible que un procurador general nombrado desde el Poder Ejecutivo pueda ser el fiscal general, porque la Fiscalía General debe ser un órgano constitucional autónomo, cuyas características principales deben ser justamente eso, la autonomía y la independencia. Debe reconocerse que no existe un ambiente político y social para que la persona que sea procurador se convierta en fiscal.
Conviene recordar que, en su momento, los grupos parlamentarios de PAN y PRD en el Senado detuvimos la aprobación de la minuta de la Ley de la Fiscalía General que nos envió la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada, porque en el dictamen no se desarrollaban las características de autonomía e independencia de la Fiscalía General como un órgano autónomo del Estado mexicano.
Si ahora la pretensión consiste en aprobar esta minuta para lograr el pase automático de procurador a fiscal, se estaría cometiendo un error de proporciones mayores. En primer término, la aprobación ocurriría por medio de una votación muy cerrada y éstas no serían las condiciones adecuadas en las que tendría que llegar un fiscal general. El propio Raúl Cervantes, a quien considero un jurista destacado y un hombre decente, no debería aceptar este cargo en tales condiciones.
Lo que debe hacerse es una reforma al artículo 102 constitucional y al régimen transitorio para eliminar el llamado pase automático, para que la elección del fiscal general sea un proceso en el cual participe la sociedad civil y en la que pueda inscribirse, si así lo decidiera, el actual procurador.
En este momento el problema fundamental es que los grupos parlamentarios de PRI, PVEM y un grupo de senadores panistas intentan construir una mayoría que no quiere escuchar ni atender una propuesta diferente a la que ya decidieron. Me refiero a iniciativas como la de “un fiscal que sirva”, que hace una semana 250 organizaciones sociales hicieron pública, o la que presentó el PAN, la que yo presenté o inclusive la que el propio Presidente de la República envió, la cual corrió la misma suerte que sus iniciativas de consumo recreativo de cannabis o la de matrimonios igualitarios, donde el sistema terminó imponiéndose.
Lo conducente sería que este Congreso esperara un año a que llegara la nueva Legislatura para este tipo de decisiones, porque es una decisión que concierne de manera mayoritaria al próximo gobierno de la República y porque buena parte del rostro de nuestro país en materia de justicia pasa por el procesamiento adecuado de la designación del fiscal general de la República, me refiero a aspectos tan relevantes como el combate al crimen organizado, a la delincuencia y a la corrupción; todo pasa por la Fiscalía.
Deberíamos ser capaces de establecer mecanismos de control democrático, no imponer mecanismos de control de los órganos del Estado. Lo que quieren es imponer al fiscal de la nación desde la aprobación de la ley en la materia; ante esta pretensión, debe darse un gran debate en donde la participación de la sociedad será fundamental. M