La democracia que generosamente financiamos
El dinero público que financia las elecciones va en aumento. Se invierte mucho dinero, de los contribuyentes, para tener a cambio una democracia escuálida. Las elecciones mexicanas son muy costosas y la burocracia que las administra tiene prestaciones faraónicas. El año entrante habrá un proceso electoral complejo, en el que 3 mil 416 cargos públicos estarán en disputa, incluyendo la Presidencia de la República. Sin embargo, la irritación de la ciudadanía por el multimillonario financiamiento es evidente. Se infiere, por tanto, que el costo democrático no empata con la expectativa ciudadana: queda a deber.
De acuerdo con algunos estudios, la elección pre- sidencial más cara de la historia es la estadunidense del año pasado, en la que se alzó con la victoria Mr. Trump. Su costo se ha estimado en 2 mil 651 millones de dólares (mdd)*. Al considerar la población en edad de votar (un padrón de 227 millones de electores), el costo del voto fue de 11.67 dólares.
Si se comparan las cifras anteriores con la elección presidencial de 2012 en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto, puede afirmarse que, en términos relativos, fue más costosa que la de Trump-Clinton. Su costo se ha estimado en 1.9 mdd, con un padrón electoral, en ese año, de 76 millones de personas. El costo por cada votante potencial alcanzó la cifra de 25 dólares, más del doble que la estadunidense del año pasado.
En contraste hay elecciones democráticas muy baratas. Un ejemplo notable es el de la elección presidencial francesa de 2012 (Hollande fue el ganador). Se gastaron 97 millones de dólares. Tomando en cuenta el padrón electoral de 52 millones de franceses, el costo por votante potencial fue de 1.88 dólares. En América Latina, dos países con democracias avanzadas como son las de Chile y Costa Rica gastan muy poco en sus procesos electorales. Menos de 2 dólares por elector.
Hay que aceptar, antes que todo, que es preferible tener gobernantes electos, aunque el sistema tenga defectos, que imposiciones de cualquier tipo, como las que padeció México durante la égida del PRI (1929-2000). No obstante, el costo de los procesos electorales no es justificable a la luz de la comparación que se ha presentado. Por ello es bienvenida la ley Kumamoto. Al menos en el estado de Jalisco, los partidos y sus políticos recibirán menos dinero, de acuerdo con una trascendental resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se impuso el argumento del diputado independiente Pedro Kumamoto que el financiamiento tiene que otorgarse en función del voto obtenido y no del padrón partidista: #SinVotoNoHayDinero. El voto se conseguirá con argumentos, ideas, propuestas, no por el reparto de despensas y tinacos. La resolución de la Corte contribuirá a una mejor competencia política y, por tanto, a mejores gobernantes. El siguiente paso es instituirla a escala nacional. Ganaríamos todos y gastaríamos menos.
*Los datos utilizados se encuentran en www.bbc. com/mundo/noticias 4 de noviembre 2016. M