Lo que el sismo se llevó
Un escándalo tapa el anterior. En este caso un desastre esconde lo mal hecho, que es mucho. Por ello, tanta desconfianza en el manejo de los fondos para la reconstrucción
Las recientes catástrofes telúricas no solo dejaron muerte y destrucción. Se llevaron, ocultándolos, escándalos de corrupción y delincuencia. Uno de ellos es el caso del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado. El 20 de julio pasado fue abatido El Ojos, supuesto jefe del cártel de esa delegación y sus alrededores, la agrupación más importante de narcotraficantes enclavada en la capital de la República. Al día siguiente del deceso del capo, en la madrugada, el delegado convocó a su equipo de trabajo a una reunión de emergencia. El pánico los carcomía. Salgado no sabía qué hacer. De acuerdo con algunos de sus allegados, consideró huir del país, un indicio de la fuerte relación entre el capo abatido y el jefe delegacional. Si no lo hizo, fue porque, hasta ese momento, su nombre no figuraba eh la carpeta de investigación de la PGR. Dos meses después, aparentemente su nombre sigue impoluto ante los ojos de la autoridad. No ha habido ni siquiera un extrañamiento. Puede interpretarse lo anterior como una omisión de la PGR, lo que no lo exime de la probable presunción de culpabilidad que persigue al delegado: sus nexos con El Ojos eran muy estrechos (El Universal-Metrópoli, 22/VII/22).
Una sofisticada investigación periodística realizada por Animal Político y MCCI (“La estafa maestra”) demostró que el gobierno federal utiliza también la “operación triangulación” (tal como lo hizo el veracruzano Duarte) para desaparecer, y no por arte de magia, los recursos públicos. La investigación detalla y demuestra que el gobierno federal usó 128 empresas fantasmas para desviar recursos millonarios. Entre 2013 y 2014 fueron detectados diversos contratos ilegales por un monto de 7.1 mil millones de pesos. De esta significativa cantidad de dinero, poco menos de la mitad no tiene huella: 3.1 mil mdp se evaporaron sin dejar rastro.
De las dependencias federales involucradas sobresalen tres: la Secretaría de Desarrollo Social, Pemex y el Banobras. Sus titulares, en el momento del ilícito eran, Rosario Robles, Emilio Lozoya y el ahora flamante gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Por desgracia, en este desvío de recursos fueron involucradas instituciones universitarias. Entre otras, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y no llama la atención la del Estado de México. En algunos casos sirvieron para triangular el dinero proveniente del gobierno federal a empresas fantasmas e incluso a personas sin los requisitos mínimos para ser sujetos de un contrato. No es fortuito que el auditor superior de la Federación haya afirmado a pregunta explícita al respecto: “Sí, es un fraude”.
Si éstas fueran las premisas para llegar a la conclusión de que la autoridad, tanto la local como la federal, irrespeta la ley para allegarse dinero, puede decirse que dicha conclusión es correcta. Un escándalo tapa el anterior. En este caso un desastre esconde lo mal hecho, que es mucho. Por ello, tanta desconfianza en el manejo de los fondos para la reconstrucción. En una de esas, se triangulan. Ojalá no pase mucho para que la autoridad recupere todos los casos indebidos que, por ahora, el sismo se llevó. M