España: estado de derecho “a palos”
La Historia es taxativa: no es con la violencia de Estado como se resuelven los problemas en una democracia, ni siquiera en España. Más aún cuando la misma sociedad española, incluyendo a Cataluña, está dividida sobre respaldar la unidad de la península o apoyar el referendo independentista de esa región autónoma, que ayer vivió una dramática jornada, luego de que la Policía Nacional y la Guardia Civil arremetieran a golpe de porras, empujones, pelotas y balas de goma contra ciudadanos inermes de todas las edades que querían votar, aunque la consulta fuera ilegal. Peor todavía, cuando desde 2015 las encuestas muestran que la mayoría de los catalanes está contra la separación de España. ¿Por qué, entonces, no permitir un referendo legal y pactado y que sean las urnas —no los palos— los que definan la disputa?
Todas las fuerzas políticas de España, salvo el Partido Popular, del conservador Mariano Rajoy, reprobaron con mayor o menor intensidad la represión de los agentes, que tenían orden judicial de cerrar los 2 mil 315 puntos de votación previstos a modo de improvisados colegios electorales y requisar las urnas. Para Rajoy, la Policía Nacional solo cumplió “con su obligación y con el mandato de la justicia”, luego de que la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d’Escuadra, permitiera el ingreso a los locales electorales.
La consulta es ilegal porque la Constitución española de 1978, aprobada incluso por Cataluña, consagra la unidad del país; amén de que casi 80 por ciento de los catalanes considera que la única solución es “el diálogo”. Para las fuerzas pro independencia y también para el líder izquierdista de Podemos, Pablo Iglesias —segunda fuerza de oposición nacional— la violencia muestra el “fracaso” de la estrategia represiva del Partido Popular. El titular del Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, Pedro Sánchez, también hizo saber a Madrid su “malestar” por los hechos y reclamó “serenidad y diálogo” al gobierno de Rajoy en un día “triste para la democracia”, cuando lo que se impone, aseguró, es la “vía política” para solucionar el desafío independentista.
Aun en contextos tan disímiles, si esta represión hubiera ocurrido bajo el gobierno del venezolano de Nicolas Maduro, sumamente cuestionado por coartar los derechos de la oposición, el presidente Mariano Rajoy hubiera sido el primero, como ya lo ha hecho, en denunciar la “brutal represión a manifestantes pacíficos” y la agencia española EFE no hubiese utilizado el participio “altercado” para describir la arremetida policial que dejó 844 personas heridas, de ellas 92 graves y un hombre infartado.
Lejos de ejercer su autoridad para “defender el Estado de Derecho y la solidez democrática”, como lo proclamó en un discurso después de ocurridas las refriegas, Rajoy exhibió un poder autoritario y represivo que paradójicamente podría revertir la opinión de los catalanes que se oponían al sí y modificar su posición a favor de un diálogo —que también rechaza Madrid, para no legitimar el viejo reclamo separatista. m
Rajoy exhibió un poder represivo que podría revertir la opinión contra el referendo