Laberinto: expropiación vs. especulación
Los decretos expropiatorios por causas de utilidad pública expedidos por el presidente Miguel de la Madrid, en octubre de 1985, fueron sin duda la base de la reconstrucción de Ciudad de México, dañada por los sismos de 19 y 20 de septiembre de aquel año.
Cuatro mil 800 edificios y vecindades expropiados, donde se hacinaban miles de familias, legitimaron e hicieron posible el retorno y permanencia de más de 100 mil damnificados.
Décadas de permanecer invisibles en el Centro Histórico, colonia Guerrero, Santa María la Rivera, Roma, Doctores, Obrera, Tránsito, Peralvillo, Pensil, Tlatilco, Atlampa, Anáhuac, San Rafael y Argentina, la tragedia se convirtió en impulso, reconstruyendo los barrios, plazas públicas, oficinas y escuelas. Con la expropiación de 1985 se salvaron cientos de edificios con valor histórico y artístico.
Juntos e influyéndose mutuamente, la reconstrucción física de las viviendas y los barrios modificó también a la academia, los reglamentos, el lenguaje sociológico, ideológico y político. Fue el origen de grandes movimientos democratizadores, como el de 1988, reformas electorales y políticas que permitieron transformaciones democráticas en 1997 y 2000.
A 32 años, el golpe sísmico de este septiembre ha puesto de nuevo en un laberinto el futuro de la ciudad y la reconstrucción.
Tanto el gobierno federal como el de la capital se mueven lentamente y su lenguaje corporal teme nuevamente a que la sociedad genere ideas, procesos y cambios que influyan en las elecciones de 2018, prefiriendo la alianza con los especuladores financieros e inmobiliarios, excluyendo y fragmentando a los damnificados en el contenido de la reconstrucción.
La propuesta de expropiación del suelo de los 400 edificios derrumbados y con daños estructurales irreversibles de 2017, nuevamente sería para proteger, primero, los patrimonios de miles de condóminos e inquilinos y su retorno. Siendo la expropiación un derecho constitucional para la rectoría de lo público sobre lo privado, al utilizarse como herramienta de planeación, serviría para garantizar la reserva territorial en las zonas afectadas y ahorrar miles de litigios desgastantes entre particulares.
En 1985, la expropiación de predios no fue para hacer propietario al gobierno, sino a las miles de familias damnificadas que se convirtieron de inquilinos en propietarios de sus viviendas.
Hoy, ante el temor y titubeo del Gobierno de Ciudad de México, dicen que el federal está pensando en meterse a la capital, por la vía de usar sus facultades expropiatorias y ser protagonista político directo y activo en CdMx. Por el contrario, para la autoridad local sería legitimar a la recién aprobada Constitución, pero ambos prefieren el laberinto de favorecer los negocios del gran capital, sobre el de los damnificados y sobrevivientes.
Ahí la dejamos… M