Consecuencias políticas de los sismos, por definirse
La actuación presidencial ha sido oportuna y correcta, pero falta mucho por recorrer para que los ciudadanos modifiquen para bien la evaluación de su gestión
La actuación del presidente Peña Nieto en la con- tingencia causada por los terremotos del mes pasado ha sido valorada positivamente por una mayoría de mexicanos. Según una encuesta telefónica, levantada 22 y 23 de septiembre pasado, por GEA-ISA en los seis estados afectados por los sismos, 56 por ciento aprobaba el trabajo presidencial de atención a las víctimas y damnificados. Sin embargo, esta buena calificación de un evento concreto no ha modificado sustancialmente el nivel de aprobación de la gestión presidencial en su conjunto.
A la pregunta de si al enterarse de la actuación del gobierno ante los efectos de los terremotos, su imagen del Presidente había cambiado para bien, para mal o no lo había hecho, 67 por ciento respondió que no había modificado su valoración previa de Peña Nieto; 17 por ciento la había mejorado y 13 por ciento la había empeorado. Esto significa que la aprobación de Peña Nieto —ubicada en 16 por ciento en la encuesta de GEA-ISA correspondiente al tercer trimestre de este año, levantada los primeros días de septiembre— pudiera haber mejorado ligera y temporalmente en los días posteriores al terremoto del 19, pero no drásticamente.
Se necesita mucho, pero mucho más que lo realizado hasta la fecha en materia de atención de la emergencia, para que la aprobación de la tarea realizada por Peña Nieto en el sexenio mejore sustantivamente. Ante sucesos coyunturales bien o mal manejados por el Presidente, los incrementos o decrementos en su aprobación suelen ser entre dos y cinco puntos porcentuales y suelen durar máximo un par de semanas. Al olvidarse el evento, la aprobación suele regresar a su nivel previo.
La variable que pudiera hacer que la mejoría de la popularidad presidencial fuera sostenida y creciente, sería un manejo eficaz, eficiente, transparente e incluyente del proceso de la reconstrucción, el cual será lento. Pero sobre todo complejo, ya que requiere de la participación de múltiples agentes del Estado (gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, además de múltiples dependencias federales que deben ser coordenadas) y recursos privados. Y todo ello se realizará en el contexto de la profunda desconfianza ciudadana en las instituciones políticas.
Si de algo carece el Presidente es de credibilidad (únicamente 3 por ciento le cree mucho, contra 58 por ciento que no le cree nada de lo que dice) y el gobierno presenta una aguda crisis de confianza, no se digan los partidos políticos. A la pregunta de quién debe dirigir los fondos y programas para la reconstrucción, las respuestas son muy ilustrativas: 9 por ciento respondió que un organismo exclusivamente gubernamental; 29 por ciento que el gobierno junto con ciudadanos independientes y 61 por ciento que un organismo independiente, sin miembros del gobierno. De ese tamaño es la desconfianza.
Por tanto, las consecuencias políticas de los terremotos aún están por escribirse. La actuación presidencial ha sido oportuna y correcta, pero falta mucho por recorrer para que los ciudadanos modifiquen para bien la evaluación de su gestión. Y solo si eso ocurre, el PRI podría pensar que el futuro no le será tan adverso, como actualmente lo señalan otros datos de la encuesta nacional de GEA-ISA: 74 por ciento de los electores piensa que es mejor para el país que sea gobernado por otro partido diferente del PRI, cuando en junio pasado así pensaba 62 por ciento de los ciudadanos; además ninguno de sus cuatro precandidatos (Meade, Osorio, Nuño y Narro) supera el 15 por ciento de intención de voto frente al 28 por ciento de preferencias de López Obrador y de Ricardo Anaya como candidato del frente. Al PRI y al gobierno les falta mucho qué hacer para echar a volar las campañas. M