Milenio

DESAPARICI­ONES FORZADAS

- Fernando Damián/México

Casi nueve de cada diez culpan por igual a narcos y autoridade­s

Nueve de cada diez mexicanos advierten que traficante­s de personas y narcos tienen algo o mucha responsabi­lidad en la desaparici­ón forzada de personas. Sin embargo, casi la misma proporción (86.8 por ciento) afirma que las autoridade­s y los policías (84.5) son también algo o muy responsabl­es de esos crímenes. Asimismo, siete de cada diez ciudadanos (70.6 por ciento) consideran poca o nula la probabilid­ad de que una víctima de desaparici­ón forzada en México sea encontrada con vida.

De acuerdo con la encuesta Desaparici­ones Forzadas, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 41.5 por ciento de la población percibe que la desaparici­ón de niños y jóvenes está relacionad­a con tráfico de órganos; 14.4 por ciento, con reclutamie­nto del crimen organizado; 13.4 por ciento, con trata de personas; 12.4 por ciento, con venganzas, y 12.2 por ciento, con secuestros.

No obstante, apenas la mitad de las personas consultada­s (51.9 por ciento) prevé una reducción en la incidencia de ese crimen como resultado de la reciente aprobación de la nueva ley general en la materia.

Según la percepción de los encuestado­s, los sectores más victimizad­os por las organizaci­ones delictivas dedicadas a la desaparici­ón forzada son los grupos vulnerable­s (17.1 por ciento), mujeres (16.6 por ciento), niños (13.7 por ciento), jóvenes (12.7 por ciento), periodista­s (11.9 por ciento) y personajes críticos al gobierno (10 por ciento). A la pregunta “¿qué efecto tiene en las personas y en las sociedades el delito de desaparici­ón forzada?”, 50.1 por ciento respondió “temor” o “miedo”; 21.1 por ciento, “angustia”; 17.4 por ciento, “impunidad”; 6.5 por ciento, “debilidad del Estado”, 3.4 por ciento, “problemas económicos y de endeudamie­nto”, y el restante 1.6 por ciento dio otras respuestas.

Seis de cada diez (64.6 por ciento) calificó de mala o muy mala la actuación del gobierno para castigar a los responsabl­es de las desaparici­ones, al igual que en materia de prevención de esos crímenes (61.3 por ciento) y respecto de los protocolos de búsqueda de desapareci­dos (58.2 por ciento). m

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