Un SOS contra la corrupción y la impunidad en México
Esta semana, la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) confirmó, a través de documentos oficiales, la historia de cómo mil 408 reses importadas de Nueva Zelanda con financiamiento gubernamental terminaron en propiedades del ex gobernador de Chihuahua César Duarte y de familiares de su amigo Roberto Sandoval, ex mandatario de Nayarit, en vez de llegar a los pequeños ganaderos que las necesitaban.
Parece broma, pero desafortunadamente no lo es. Los gobernadores priistas se roban hasta las vacas. El caso es apenas uno de cientos documentados por organizaciones civiles y medios de comunicación durante este sexenio. Asumo que existen muchos más.
La publicación de la historia de las reses coincide con la decisión de Raúl Cervantes de presentar su renuncia al cargo de procurador general de la República y con la exigencia de un amplio sector de la sociedad para que en esta coyuntura arranque una discusión seria sobre la creación de una Fiscalía General de la República verdaderamente independiente.
Esta discusión debería cuando menos considerar la experiencia guatemalteca con su Comisión Internacional contra la Impunidad. A 10 años de iniciar su trabajo, la CICIG goza de la autonomía, la eficacia y el poder que se necesita para combatir la corrupción y la impunidad en un país como México. La comisión creada a través de la ONU, se ha consolidado como el mecanismo que permite a Guatemala dar lecciones de legalidad, a pesar de su fragilidad institucional.
Se trata de un organismo único en el mundo, creado para darle certeza jurídica a una sociedad acostumbrada a ver cómo políticos, funcionarios públicos y miembros de las élites empresariales caminaban impunes luego de cometer crímenes. ¿Suena conocido?
Desde 2007, la CICIG ha trabajado bajo el liderazgo del jurista colombiano Iván Velázquez y de fiscales guatemaltecos que operan con el principio de que la justicia no es negociable, caiga quien caiga. Una misión que les ha permitido resolver casos entre los que destaca la destitución y encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.
Si realmente nos parece urgente combatir la corrupción y la impunidad en México, es indispensable que el órgano encargado de enfrentarse a estos males, cuente sobre todo con la absoluta confianza de la ciudadanía. ¿Qué mejor que un mecanismo que logre replicar el éxito que la CICIG ha tenido en Guatemala? Ahí están sus resultados. M