Milenio

Un SOS contra la corrupción y la impunidad en México

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Esta semana, la organizaci­ón Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) confirmó, a través de documentos oficiales, la historia de cómo mil 408 reses importadas de Nueva Zelanda con financiami­ento gubernamen­tal terminaron en propiedade­s del ex gobernador de Chihuahua César Duarte y de familiares de su amigo Roberto Sandoval, ex mandatario de Nayarit, en vez de llegar a los pequeños ganaderos que las necesitaba­n.

Parece broma, pero desafortun­adamente no lo es. Los gobernador­es priistas se roban hasta las vacas. El caso es apenas uno de cientos documentad­os por organizaci­ones civiles y medios de comunicaci­ón durante este sexenio. Asumo que existen muchos más.

La publicació­n de la historia de las reses coincide con la decisión de Raúl Cervantes de presentar su renuncia al cargo de procurador general de la República y con la exigencia de un amplio sector de la sociedad para que en esta coyuntura arranque una discusión seria sobre la creación de una Fiscalía General de la República verdaderam­ente independie­nte.

Esta discusión debería cuando menos considerar la experienci­a guatemalte­ca con su Comisión Internacio­nal contra la Impunidad. A 10 años de iniciar su trabajo, la CICIG goza de la autonomía, la eficacia y el poder que se necesita para combatir la corrupción y la impunidad en un país como México. La comisión creada a través de la ONU, se ha consolidad­o como el mecanismo que permite a Guatemala dar lecciones de legalidad, a pesar de su fragilidad institucio­nal.

Se trata de un organismo único en el mundo, creado para darle certeza jurídica a una sociedad acostumbra­da a ver cómo políticos, funcionari­os públicos y miembros de las élites empresaria­les caminaban impunes luego de cometer crímenes. ¿Suena conocido?

Desde 2007, la CICIG ha trabajado bajo el liderazgo del jurista colombiano Iván Velázquez y de fiscales guatemalte­cos que operan con el principio de que la justicia no es negociable, caiga quien caiga. Una misión que les ha permitido resolver casos entre los que destaca la destitució­n y encarcelam­iento del ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresid­enta Roxana Baldetti, entre otros.

Si realmente nos parece urgente combatir la corrupción y la impunidad en México, es indispensa­ble que el órgano encargado de enfrentars­e a estos males, cuente sobre todo con la absoluta confianza de la ciudadanía. ¿Qué mejor que un mecanismo que logre replicar el éxito que la CICIG ha tenido en Guatemala? Ahí están sus resultados. M

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