Edificios, uno de los cuales colapsó, mientras que los colindantes están afectados por el empuje del inmueble fracturado, acusan a las autoridades de no dar información precisa sobre qué pasará con sus hogares

Los residentes de tres ZONA

Cuarenta y ocho familias desplazadas, la mayoría de la tercera edad, sufren abandono e incertidumbre sobre el futuro de lo que todavía consideran su patrimonio en la calle de Coquimbo, en la colonia Lindavista, después de un mes de los sismos. Se trata de los residentes de tres edificios, uno de los cuales —el 911— colapsó, mientras que los colindantes —el 909 y 911-bis— son afectados por el empuje del inmueble fracturado.

Las víctimas se quejan de que las autoridades no aportan información precisa que ayude a esclarecer la situación. Por el contrario, los informes presentan contradicciones: la Forma de Inspección Post Sísmica Evaluación Rápida señala que el condominio 911-bis está “dañado estructuralmente y, para evaluarlo totalmente, primero debe ser demolido el edificio vecino colapsado, ya que es factible que queden secuelas del derrumbe, pues el sismo de magnitud 6.1 del 23 de septiembre degradó la estabilidad de sus columnas basales (p.b.)”.

Un informe fechado tres días después detalla que el edificio —sin especificar el número— presenta “daño estructural”, por lo que la acción de restauración debe ser la “demolición inmediata”. Ese dato genera dudas entre los habitantes del edificio 911-bis, pues no saben si se refiere a su condominio o al 911 que colapsó con el sismo del 19 de septiembre. “La espera de las respuestas es como una sentencia de muerte sin saber la fecha”, expresa Julio García, inquilino del departamento 402 del 911-bis, quien adquirió su vivienda hace 25 años.

El dilema de los habitantes se complica más cuando buscan sus inmuebles en la Plataforma CdMx, que brinda información sobre el estado de los edificios revisados por las autoridades locales. Hasta el pasado 16 de octubre, en la página de internet, solo se ubica un predio calificado de “semáforo verde” (daños menores) en la calle Coquimbo. Se trata de la construcción donde murieron nueve personas, es decir, la vivienda con el número 911.

Elizbeth Collado es una de las más de 100 personas que fueron 6 desplazadas de sus hogares. Explica que desde el 3 de octubre la Procuraduría General de Justicia llegó al lugar para dictaminar responsabilidad por muerte dolosa, pero al día de hoy “seguimos evacuados, con calle acordonada y el ligero resguardo del personal delegacional”.

Los afectados, en medio de la desesperación, exigen que la autoridad ponga una fecha para el derrumbe del edificio colapsado que afecta los cimientos de los inmuebles vecinos, pues tienen esperanza de salvar el patrimonio que cotizaban, antes del sismo, entre los 3 y 5 millones de pesos. Si tras la demolición del 911, los inmuebles colindantes quedan inhabitables, los afectados no se darán por vencidos para ver desaparecer lo que construyeron a lo largo de su vida y recurrirán a dos instancias: un estudio externo que avale al de las autoridades y al amparo.

“No voy a aceptar el dictamen sin tener la certeza de uno o más peritos que inspeccionen la propiedad por cuenta nuestra”, advierte Luis Álvarez, de 71 años, 14 10 24 inquilino del departamento 201 y quien resume la situación que enfrentan todos los afectados: el sismo dispersó a las 48 familias y, en algunos casos, como el de Julio, su esposa se fue a vivir a Puebla, mientras que él vive con uno de sus hijos en un cuarto de 3 metros cuadrados. Antes del sismo, este hombre era dueño de un departamento de 250 metros cuadrados.

Otra de las víctimas es Carmen Carrocera, de 61 años, quien enviudó hace 17 años en Madrid, España. Ella pagó su departamento de Coquimbo en 1992 con el dinero que recibió del seguro de vida de su esposo. Ahora vive con su madre, su único familiar, en un espacio incómodo de 4 por 4 metros, en contraste con su departamento, el 501 del edificio 911-bis.

Carrocera, química farmacóloga de profesión, no solo perdió su propiedad, también sufrió el robo de una computadora que guardaba en su clóset. Recuerda que el 24 de septiembre ingresó por primera vez al inmueble acompañada de dos personas de Protección Civil y encontró su 7 departamento cerrado con doble llave y el balcón asegurado, justo como ella lo había dejado. Durante cinco minutos recogió las llaves de su camioneta y documentos personales.

Tres días después regresó para una visita de 10 minutos, como se lo permitieron, y encontró el balcón abierto, el cual solo se puede abrir por dentro. Al buscar su computadora en el clóset, se percató que ya no estaba. Las autoridades han realizado diversas juntas informativas con los afectados de los tres edificios y entregaron carpetas con solicitudes a diferentes dependencias que hasta el momento no han tenido efecto. Entre los documentos está una petición de demolición inmediata enviada a la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad, con fecha 6 de octubre, en la que se explica las razones del por qué es importante derrumbar el edificio 911.

Sobre ese asunto, Adriana Carrasca, inquilina del departamento 502 del edificio colapsado, dice que las autoridades delegacionales solo le han dicho que tienen programada la demolición “para esta o la otra semana”, pero ella asegura que necesita saber fechas precisas para tener la posibilidad de recuperar algunas de sus pertenencias que quedaron bajo los escombros de lo que fue su hogar, por el que pagaba una renta de 16 mil pesos mensuales.

Otro de los problemas que enfrentan las personas afectadas del 911 es que la mayoría los propietarios de los departamentos son de nacionalidad española y, algunos de ellos, no radican en México y se necesitan sus firmas de aprobación. Esta es una de las causas que ha retrasado la demolición del inmueble colapsado.

Las autoridades delegacionales también informaron a las víctimas que desde el pasado 28 de septiembre solicitaron los Apoyos Parciales Inmediatos con recursos del Fonden; sin embargo, dos semanas después, los funcionarios dicen que los edificios no tendrán ese apoyo, ya que se encuentran en una zona urbana y con un bajo índice de marginación. M