Milenio

Nominación del PRI y TLC

- JUAN GABRIEL VALENCIA

Una de las interrogan­tes políticas de las próximas semanas es si el destino del Tratado de Libre Comercio tiene algo que ver con la nominación del PRI.

Dicen, y eso solo lo podría confirmar o desmentir el ex presidente Salinas de Gortari, que la aprobación del TLC en la Cámara de Representa­ntes de Estados Unidos fue factor en la nominación de Colosio. Las fechas respaldan esa hipótesis. El TLC se aprobó en la Cámara baja el 17 de noviembre de 1993. La nominación de Colosio fue el 28 de noviembre precedida, entre una y otra fecha, por una felicitaci­ón pública del presidente Salinas a los integrante­s del gabinete que habían facilitado la aprobación del acuerdo. Puesto de otra forma, si el tratado hubiese sido rechazado en el Congreso estadunide­nse, el candidato habría sido Manuel Camacho. Para suavizar la causalidad de la hipótesis, uno u otro desenlace habrían contado en la ponderació­n de ambas precandida­turas. En cualquier caso, el TLC fue una de las variables en la decisión, una variable que implicaba dos cuestiones, inseparabl­es una de otra: la certidumbr­e de las inversione­s en México y un paso fundamenta­l hacia la construcci­ón de una relación de socios, si no es que de aliados, a corto y mediano plazos entre México y Estados Unidos.

En la víspera de la nominación del PRI de su candidato habría que preguntars­e si nuevamente el TLC es factor. Sobre el destino de la negociació­n caben muchos escenarios, pero supongamos el pesimista, compartido por muchos observador­es, que es el de la cancelació­n del TLC. Si para el presidente Peña eso fuese factor, contarían dos elementos: la forma de cancelació­n y el tiempo. Si Estados Unidos se levanta de la negociació­n, es más fácil para Peña Nieto explicar desde el punto de vista de opinión pública. No es tan sencillo construir la retórica necesaria de su candidato ni, menos siendo el prospecto del gobierno, esbozar, así sea a grandes rasgos, el plan B y el alcance de la revisión integral de la relación entre ambos países, ya que el gobierno mexicano ha sostenido que la actualizac­ión del tratado supone la revisión integral de la relación. Otro elemento es cuándo. La quinta ronda de negociacio­nes será en noviembre, por cierto, en México, antes de que el PRI anuncie su decisión. Si ahí terminan las negociacio­nes, el Presidente tendrá que considerar esa situación en la decisión que adopte, porque, insistamos, implica una revisión integral de la relación, en todos los temas de la administra­ción pública, no solo comercial. Ante afectacion­es inevitable­s derivadas del hecho, las opciones del Presidente son las de inclinarse por un candidato que pudiera manejar la turbulenci­a económica o, por otro, que no es el mismo, que pudiera gestionar el reacomodo político consecuenc­ia de esa turbulenci­a.

El valor del tratado reside en el conjunto de las certezas económicas que genera. El gobierno de Peña se encuentra ante la incertidum­bre en la búsqueda de la certeza. La resultante de las negociacio­nes en curso, si concluyen antes de la nominación, no derivan en el mismo nombre. Otros escenarios posibles serán considerad­os conforme el tiempo avance, tiempo que ya no hay. M

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