El sistema de procuración de justicia, en “grave crisis”
La UNAM, el CIDE y el Inacipe urgen en su informe a impulsar un rediseño profundo e integral LAS
El sistema de procuración de justicia enfrenta una “grave crisis”, es “inoperante”, no funciona en la actualidad, y menos ahora que está en marcha el nuevo sistema penal.
Así se concluye en el informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia elaborado por los institutos de Ciencias Penales (Inacipe), de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que urgen a impulsar un rediseño profundo e integral.
El análisis se presentó ayer en Palacio Nacional, en un momento calificado como “azaroso” por lo que sucede en el Senado, la falta de un titular de la PGR, así como de los fiscales electoral y anticorrupción.
Se dio a conocer ante el encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González; el titular del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
Destacó la ausencia de los líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, lo que, en opinión de la investigadora María Amparo Casar, Es una responsabilidad primaria establecer y supervisar la política criminal del Estado. Crear un modelo normativo que vincule adecuadamente a la policía con el MP. ACCIONES INMEDIATAS 1 2 3 4 fue un hecho “lamentable” y de “mal augurio”, porque quedaron “vacías las sillas” de quienes tienen en sus manos la facultad de discutir y la llave para aprobar las reformas necesarias que permitan superar la crisis de justicia.
El director del CIDE, Sergio López Ayllón, delineó tres problemas centrales que se detectaron con la consulta:
Falta de una visión sistémica de la seguridad pública y de justicia penal, que conlleva una fragmentación sobre las responsabilidades que corresponden a cada institución.
Procuradurías con graves problemas estructurales y deficientes, además de serias fallas en el uso de información sobre incidencia delictiva, zonas de riesgo y antecedentes penales que eviten la recurrencia de la denominada “puerta giratoria”. “Las procuradurías de todo el país tienen problemas estructurales que se traducen en falta de capacidades para realizar investigación criminal, carencias para solucionar la inmensa mayoría de los casos y frecuentes violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que lo que sucede en el Senado es una mues- tra de las razones que apremian a impulsar un marco constitucional y legal estable, confiable y moderno.
“Todos los diagnósticos elaborados por la propia PGR o instituciones académicas y sociales coincide: nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona, no ha funcionado desde hace mucho tiempo y menos ahora que está en proceso de implementación la ambiciosa, importante y prometedora reforma de justicia penal”.
A su vez, Mónica González, abogada general de la UNAM, manifestó que la percepción sobre el desempeño de las autoridades que arroja consulta nacional es clara en el sentido de que existe un gran deterioro en la seguridad del país, altas tasas de impunidad y largos procesos judiciales.
El director del Inacipe, Gerardo Laveaga, comentó que la democracia debe ser sujeta a un examen permanente, lo que incluye la forma en que las instituciones brindan seguridad a los ciudadanos.
Manifestó que es urgente contar con un Código Nacional Penal, pues en un país democrático no es posible que la vida de una mujer se valore más en un estado que en otro, o que delitos se castiguen diferente de una entidad a otra.
ElombudsmanLuisRaúlGonzález llamó a atender la problemática de seguridad y procuración de justicia de manera integral. m