Público se le vio serio ante los señalamientos de que la dependencia a su cargo simplemente “no funciona desde hace tiempo”
En su primer acto
En su primer acto público, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, recibió un duro diagnóstico de la institución que ahora encabeza: “No funciona desde hace tiempo y mucho menos lo hace ahora”.
El funcionario permaneció estoico durante la presentación del informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, aunque algunos de los presentes no pudieron evadir la polémica en la que está enfrascado con el ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto.
María Amparo Cassar, en representación de las organizaciones civiles, lamentó el momento crítico que vive el país en la materia, pues “no tenemos procurador, ni fiscal anticorrupción ni de delitos electorales ni magistrados del sistema de justicia penal administrativa, tampoco avances en la reconstrucción de las instituciones...”.
Sin sonrisas, a veces mirando al frente o tomando apuntes en una pequeña tarjeta, Elías Beltrán se mantuvo sin cruzar palabra entre los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
Sin saber que el Senado postergaría el futuro del Santiago Nieto, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, urgió reformas en el sistema de procuración de justicia para evitar que el país vuelva a caer en este vacío de funcionarios.
“Los acontecimientos de estos días, lo que sucederá en el Senado es una muestra nítida de las razones que nos apremian a impulsar un marco legal confiable y moderno”, afirmó.
El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, ejemplificó el caos del sistema de justicia penal al lanzar una pregunta a los presentes... misma que no tuvo una respuesta clara:
“Si yo preguntara a los abogados penalistas aquí presentes ante quién debe denunciar un secuestro cometido en Xalapa, las respuestas se multiplicarían: a) la Fiscalía de Veracruz, b) la Policía Federal, c) la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, d) la Coordinación Nacional Antisecuestros, de la Secretaría de Gobernación e) cualquiera de las anteriores... Mientras no exista un responsable, todos son responsables y, a fin de cuentas, nadie lo es...”
Académicos y especialistas demandaron una procuraduría y fiscalías autónomas, alejadas de intereses políticos, porque de lo contrario la crisis puede agravarse en 2018.
El encargado de despacho de la PGR recibió de manera simbólica el informe, mismo que también será entregado en la Cámara de Diputados y el Senado, que hizo vacío en el evento al no enviar representantes.
También será canalizado a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de su Comisión de Seguridad y Justicia.
El informe servirá como insumo para el diseño de un modelo de procuración de justicia que atienda y soporte los requerimientos del sistema procesal penal acusatorio, en aras de mejorar, sustancialmente, el servicio público que brindan las fiscalías y procuradurías de justicia de todo el país. O al menos eso se espera. M