En el tren a Toluca, pago indebido de mil 775 mdp
La Función Pública fija plazo a SCT para que aclare irregularidades en obras del Paso Express
La Auditoría Superior de la Federación identificó pagos indebidos por mil 775 millones de pesos en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, por lo que emplazó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno de Ciudad de México a explicar y comprobar esos gastos.
Adicionalmente se determinó un importe de mil 102 millones de pesos por aclarar, debido a la falta de liberación del derecho de vía para el trayecto de la obra.
Entre las observaciones del órgano de fiscalización por pagos indebidos destaca la referente a mil 532 millones de pesos que el gobierno capitalino recibió, pero no ejerció en el proyecto ni reintegró a la Tesorería de la Federación.
Solicitó por ello al gobierno local presentar la documentación adicional justificativa o comprobatoria de esa cantidad, más los rendimientos financieros calculados en 57 millones de pesos.
De acuerdo con el segundo informe de fiscalización de la ASF sobre la Cuenta Pública 2016, otro de los pagos indebidos en la construcción del Tren Interurbano ascendió a 117.1 millones de pesos y se hizo a la proyectista por diversas adecuaciones, sin verificar que fue ella la que lo realizó originalmente.
Asimismo, se firmó un convenio de modificación al contrato de supervisión externa de la obra sin licitación alguna y con un incremento de 99.4 millones de pesos sobre el monto original, por lo que se pidió iniciar el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos que adjudicaron de manera directa.
El órgano de fiscalización detectó además un pago indebido de 51 millones de pesos por un ajuste de costos a la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto, no obstante, la improcedencia de cinco precios unitarios fuera de catálogo.
La SCT depositó 38.3 millones de pesos más a la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto, sin verificar que el Gobierno de CdMx fue el encargado de llevar a cabo la logística, administración, planeación, desarrollo, ejecución y conclusión de los trabajos de obra.
Otros 16.9 millones de pesos fueron pagados por conceptos fuera de catálogo y que se duplicaron con actividades establecidas en los alcances y términos de referencia.
El gobierno federal pagó adicionalmente 8.9 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto; 4.3 millones por concepto de gastos recuperables, sin verificar que estos gastos fueron debidamente comprobados y registrados en la bitácora, así como 2.6 millones más por incumplimientos de los alcances y términos de referencia de las empresas de supervisión externa.
También de manera indebida se liquidaron 2.3 millones de pesos por precios unitarios que la contratista incluyó en categorías de personal que corresponden a los costos indirectos; 964 mil pesos, por la incorrecta integración del análisis del costo de financiamiento, y 618 mil adicionales debido a que se omitió descontar la densidad del acero en los conceptos de concreto hidráulico.
Según las conclusiones de la ASF, ni la SCT ni el Gobierno de CdMx cumplieron con las dis-
Comunicaciones y Transportes tiene hasta el 16 de noviembre para entregar documentación
posiciones legales y normativas para la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, y tampoco acreditaron que las inversiones físicas se hayan adjudicado, contratado, ejecutado y pagado conforme a la legislación aplicable. La ASF documentó probables daños por mil 250 millones de pesos al erario como consecuencia de los pagos en exceso, indebidos o improcedentes que Pemex Transformación Industrial hizo a Constructora Norberto Odebrecht y otras cinco empresas contratadas para ejecutar un proyecto en las refinerías de Salamanca y Tula.
De acuerdo con el segundo informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2016, entregado a la Cámara de Diputados, entre los pagos irregulares destaca uno por 707 millones 655 mil pesos a Constructora Norberto Odebrecht, no obstante que el contrato PXR-OP-SILN-SPRCPMAC-A-4-14 consideró “costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumos”.
Adicionalmente y por el mismo contrato, la ASF, a cargo de Juan Manuel Portal, denunció un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 139 millones 923 mil pesos, debido a la falta de un ajuste de costos indirectos, de