Poco dinero a unidades de medidas cautelares
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, dijo que son insuficientes los 36 millones de pesos que se destinaron este año a las entidades del país para implementar las Unidades de Medidas Cautelares, que son vitales para evitar que reos peligrosos abandonen las cárceles. “Me parece que no es una cantidad suficiente, debería ser mucho más importante, mucho más generosa, no solo en ese tema, sino en general en todos los de consolidación del sistema de justicia penal”, expresó.
Tras participar en el Congreso Internacional Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal, que organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la PGR, Vizcaíno aseguró que son pocos los estados que tienen implementadas dichas unidades, mientras que otros deben empezar desde cero.
Recordó que hace meses el secretariado realizó un diagnóstico sobre la funcionalidad de las Unidades de Medidas Cautelares, que son las encargadas de elaborar informes del riesgo que representa un imputado, es decir, evalúan si el sospechoso va a evadir la justicia, o va a reincidir en el mismo delito o va a cometer de otro tipo; los datos deben ser entregados a los fiscales y defensores, quienes tendrán que debatir el tema ante un juez de control. “Hoy la sociedad se cuestiona qué pasa con el sistema de justicia. A este cuestionamiento se le ha dado mucho peso y se habla de la puerta giratoria, la cual se ubica en las Unidades de Medidas Cautelares. ¿Por qué? Porque no se implementaron bien, o no funcion como se deseaba”, añadió.
Mencionó que hay cuatro estados del país que no tienen una de esas unidades, mientras que otros están en mínima operación.
Vizcaíno reconoció que existen debilidades y cosas que adecuar en el sistema de justicia, pero advirtió que no se resolverá ampliando el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva.
Sin embargo, el encargado de dar seguimiento a las medidas cautelares de la PF, Cuauhtémoc Vázquez, se pronunció por ampliar la medida de prisión preventiva para otros delitos que no se consideran graves.
Dijo que la realidad “no nos permite que todos los indiciados y procesados lleven su proceso en libertad”, por lo que portación de armas de fuego y robo de hidrocarburo deben agregarse al catálogo de delitos de alto impacto. m