Ciudad y Estados
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dijo que apoyará al delegado
expedición de documentos que le solicitaron, ya que estaba fuera de sus atribuciones.
Por la mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución y consignación ante un juez federal del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como de su antecesor José Manuel Ballesteros López, actualmente diputado local, por desacato a una sentencia judicial.
Lo anterior derivó de un incidente de inejecución de sentencia, donde se reclamó que no se respetaron los amparos concedidos en 2013 a cuatro trabajadores de la demarcación.
El ministro José Fernando Franco González Salas propuso destituir y consignar a Moreno Rivera y a Ballesteros López, porque el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje informó a la Corte ayer, por vía electrónica, que no se había cumplido con la sentencia de amparo.
El jefe de delegacional debía acatar lo resuelto en el laudo de 23 de enero de 2013, es decir, expedir a los cuatro quejosos los nombramientos con la categoría de verificadores o inspectores; pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les había venido pagando y las que les correspondían por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador, desde el 26 de noviembre de 2003 hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el laudo.
También tenía que pagarles las diferencias de aguinaldo de 2003, 2004 y las que se generaran durante la tramitación del juicio y, finalmente, debía proporcionar los elementos necesarios para el desempeño del encargo, como credenciales y demás documentos oficiales.
En el proyecto se menciona que tanto la sala responsable como el juez de distrito requirieron en diversas ocasiones al jefe delegacional el acatamiento del fallo, sin que hasta el momento, más de dos años y nueve meses después de que causó ejecutoria este último y se le requiriera por primera vez su cumplimiento, haya acreditado tal situación. La Procuraduría General de la República deberá evaluar si detiene o no a Ballesteros López, luego de que la Corte ordenó su consignación por desacato a una sentencia judicial cuando era jefe delegacional en Venustiano Carranza.
Funcionarios del máximo tribunal de justicia calificaron el caso como inédito porque un juez federal debe ordenar a la PGR detener al legislador perredista, pero el Ministerio Público federal tendrá que analizar si el fallo de la Corte le retira el fuero a Ballesteros o si se debe iniciar un proceso ante la Asamblea Legislativa.
El delito por el que se ordenó detener a Ballesteros no es grave y se castiga de cinco a diez años de prisión, o inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, esto por incumplir una sentencia de amparo.
El caso, explicaron los funcionarios, puede volver a la Corte para definir qué alcances tienen los fallos del alto tribunal en este tipo de asuntos.
Una vez que el pleno de la Corte presente su engrose de sentencia y se notifique al juez federal del fallo, se procederá a ordenar la detención de Ballesteros, así como del actual jefe delegacional, éste último del que también demandó su destitución del cargo por desacato. M
Legisladores de PRD y PRI cerraron filas con el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, y el diputado José Manuel Ballesteros, y calificaron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acción que “violenta la soberanía popular”. Lo anterior, después de que el alto tribunal ordenara la desti- tución de Moreno y Ballesteros por desacato a una orden judicial.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, consideró excesivas las sanciones por desacato establecidas en la Ley de Amparo, por lo que llamó al Congreso de la Unión para que revise el artículo 267 de dicha ley.
Señaló que la Corte estaría obligando al jefe delegacional a un acto imposible, cómo es la emisión de credenciales de identificación para verificadores, a pesar de que es competencia del Invea.
Asimismo, dijo que por tal razón los diputados del PRD planean una estrategia jurídica para su defensa, y consideró inconcebible que un jefe delegacional que ha sido señalado de tener nexos con el narcotráfico, sea más complicada su remoción que quien no expide unas credenciales.
En tanto, el legislador priista Adrián Rubalcava expresó que la Venustiano Carranza pagó los salarios caídos a los cuatro empleados, y dijo que es lamentable que quieran obligar a un funcionario a otorgar una credencial ya que estará incurriendo en un delito.
Afirmó que preocupa el resolutivo porque demuestra una falta de conocimiento por parte de los ministros respecto a la ley local. “Las demarcaciones no tienen recursos para pagar laudos y deben que recurrir a la Secretaría de Finanzas. Lo delicado es que un ministro decidió que se debía otorgar credenciales, que no son facultad de los delegados. La Corte se equivocó y determinamos hacer un frente común para resolver el tema”, señaló. M