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María Cristina Cepeda notificó a las 23:55 horas del miércoles que respetaba la sentencia
María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura federal, y el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, se salvaron de ser destituidos y consignados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en las últimas horas decidieron acatar las sentencias de amparo que protegían a empleados bajo su jurisdicción, para no correr con la misma suerte que el delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno.
A las 23:55 horas del pasado miércoles, García Cepeda notificó a la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que decidió respetar el fallo dictado en el juicio laboral 2388/2004, y adoptar las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia del 9 de junio de 2011 a favor de tres quejosos, informó Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos de la Corte.
El mismo secretario dio parte al pleno del alto tribunal que Víctor Hugo Lobo envió a las 15:16 horas un escrito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el que acordó que dará cumplimiento a la sentencia de nulidad del 10 de junio de 2015, así como a la resolución de queja de 14 de julio de 2016, ambas dictadas en los autos del juicio de nulidad IV-21510/2015, a favor de una empresa.
Antecedentes
En el caso relacionado con la secretaria de Cultura federal, la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, emitió un laudo en el que condenó a la funcionaria a basificar a los hermanos Alberto y Javier Ortiz Hernández, con la categoría de tramoyista, y a Pedro Ávila Jiménez, como asistente técnico.
Asimismo, pidió reconocer la antigüedad de los quejosos desde la fecha de su ingreso al servicio de la demandada; inscribirlos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de manera retroactiva desde que entraron, así como a pagar las aportaciones para dicho instituto en su fondo de pensiones.
El Tribunal Federal apercibió a María Cristina García, en su carácter de secretaria de Cultura, y como patrón de la relación laboral, que en caso de incumplir se le daría vista al juzgado federal en turno.
El 22 de febrero de 2016, los quejosos promovieron un amparo en el juzgado segundo de distrito en materia de trabajo en CdMx, quien les concedió la protección de la justicia para que Conciliación y Arbitraje se pronunciara de inmediato sobre el auto de ejecución solicitado por los quejosos, para hacer efectivas las medidas impuestas.
En su momento, el quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia y remitió el proyecto de separación del cargo a la Corte.
Respecto al caso de Víctor Hugo Lobo, el 23 de marzo de 2015 la empresa Aceros La Brecha demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la nulidad de una orden de visita de verificación de construcción y edificación, de 26 de febrero de 2015, así como su acta de visita.
El 10 de junio de 2015, la cuarta sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso dictó sentencia, en la que declaró la nulidad de la orden de visita de verificación, así como las subsecuentes actuaciones.
La sentencia fue recurrida por el jefe de la Unidad Departamental
de Asuntos Legales, adscrito a la delegación Gustavo A. Madero. Sin embargo, el 28 de octubre de 2015 fue confirmada la resolución por la sala superior del mismo Tribunal de lo Contencioso.
El 17 de enero pasado, la juez decimoquinta de distrito en materia administrativa en CdMx, emitió una sentencia en la que otorgó el amparo a la empresa para el efecto de que la autoridad, el director Jurídico de la delegación, diera cumplimiento a la sentencia de nulidad, así como a la resolución de la queja, ambas expedidas por el Tribunal de lo Contencioso.
El jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo, señaló que en todo momento han atendido los procesos jurídicos que tiene la demarcación y confió en el actuar y la imparcialidad de los ministros de la Corte, ya que no procedió su destitución.
En entrevista con MILENIO, Lobo dijo que siempre ha desempeñado de manera estricta y cabal las labores que se deben realizar en la delegación, todo con honestidad y transparencia.
Lo anterior porque la Suprema Corte de Justicia discutió este jueves un caso de no acatamiento de una sentencia por una suspensión de obra, pero no procedió la solicitud de destitución.
El martes pasado se dio a conocer la destitución de Israel Moreno como jefe delegacional en Venustiano Carranza por no cumplir cabalmente con una sentencia de amparo. “Nuestro gobierno y el equipo que lo integran y nuestro actuar es y ha sido siempre en el marco de la legalidad, en estricto apego al estado de derecho y al respeto de las instituciones. Así hemos combatido las injusticias, la simulación y la corrupción”, expuso.
Lobo aseguró que cumplió plenamente la instrucción de la autoridad judicial en el sentido de declarar la nulidad de la orden de visita de verificación de construcción y
Víctor Hugo Lobo envió a las 15:16 horas un escrito para acordar que cumpliría el fallo
edificación número SV/INVEA/ CYE/043/2015, cumplimiento que consta en acuerdo administrativo notificado por el personal especializado, por el Instituto de Verificación Administrativa el 6 de abril pasado.
Desde ese día, comentó, hay constancias de cumplimiento, situación que fue informada desde el pasado 17 de octubre al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Lobo puntualizó que es respetuoso de los principios de legalidad, así como de la división de los Poderes de la Unión, toda vez que se tratan de principios, leyes e instituciones que fortalecen la soberanía nacional y la democracia de los mexicanos.
Exhorto
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, exhortó a los diversos sectores de la sociedad a cumplir con las sentencias que emiten los tribunales federales para no caer en un estado de derecho de “ficción”.
En alusión a los comentarios de funcionarios capitalinos, entre ellos del ex jefe delegacional Israel Moreno Rivera, el ministro dijo que todos los juzgadores y especialmente quienes integran la Corte y los tribunales del país, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin excepciones y sin más miramiento que la justicia y el respeto de todos. “En una frase: si no se cumplen las sentencias el estado de derecho no es más que una ficción, y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas”, expresó el presidente de la Corte. M