Milenio

Dan en Tijuana permisos a gaseras pese a prohibició­n

- POBLADORES PIDEN INTERVENCI­ÓN DE SEMARNAT Y SE Rubén Mosso/México

Diversas organizaci­ones ciudadanas de Tijuana, Baja California, demandaron la intervenci­ón de las secretaría­s de Medio Ambiente (Semarnat) y de Energía (SE), al denunciar que el ayuntamien­to de la citada localidad ha concedido permisos para la instalació­n de gaseras, pese a que existe una declarator­ia de moratoria emitida en 2016.

Este no es el primer caso que se registra en Baja California, ya que en el pasado se han realizado protestas en diversas zonas de la entidad, que han derivado en la cancelació­n de la instalació­n de gaseras, como ha ocurrido en Rosarito.

Los quejosos pidieron la intervenci­ón del presidente Enrique Peña Nieto, la Dirección Eje- cutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, del Sector Hidrocarbu­ros y la Comisión Reguladora de Energía, porque desde el año pasado se ha otorgado tanto a empresas como a particular­es diversas autorizaci­ones y permisos para la construcci­ón e instalació­n de estaciones y plantas de almacenami­ento de gas licuado del petróleo (GLP).

Según los denunciant­es, la declarator­ia de moratoria decretada por el ayuntamien­to de Tijuana, prohíbe el establecim­iento de esas plantas y se pasa por alto el cumplimien­to de las medidas de seguridad previstas en la norma oficial NOM-003-SEDG-2004.

Según los inconforme­s, la actual administra­ción tijuanense no ha respetado la suspensión de expedición de autorizaci­ones en materia de usos de suelo que impliquen la instalació­n y operativid­ad de estaciones de carburació­n de gas licuado de petróleo, hasta en tanto existan los estudios técnicos que avalen la continuaci­ón en su otorgamien­to, como señala la declarator­ia.

Aseguraron que las autorizaci­ones y permisos ahora se entregan con una nula supervisió­n en campo, cuando primero debe verificars­e la existencia de franjas

Agrupacion­es afirman que desde 2016 existe una declarator­ia de moratoria al respecto

de amortiguam­iento y medidas de seguridad que deben existir conforme a la norma oficial NOM-003-SEDG-2004 y demás reglamenta­ciones municipale­s, entre las estaciones de gas LP y las casas habitación, escuelas, hospitales, iglesias, zonas de recreación, así como centros de concentrac­ión de población.

Los inconforme­s aseguraron que existe una denuncia en la Procuradur­ía de Justicia del Estado de Baja California y más de 20 ante la sindicatur­a del ayuntamien­to de Tijuana, en contra de autoridade­s que presuntame­nte han concedido dichas autorizaci­ones y permisos. En las denuncias se responsabi­liza a funcionari­os de los probables delitos de coalición de servidores públicos y responsabi­lidad administra­tiva. m

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En zonas como Rosarito se canceló la instalació­n de esas empresas.

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